¿POR QUÉ LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE? 



DERROTAR AL AUTORITARISMO CON UN GRAN ACUERDO NACIONAL 



Enrique Ayala Mora
Opción Socialista

REFORMA RADICAL

En los últimos años se ha hablado mucho de la Constitución, de los derechos y garantías que consagra. Pero se ha implantado desde el poder un sistema político autoritario, excluyente y arbitrario que destruye la organización social. Y para ello ha usado, una y otra vez, disposiciones de la Constitución que limitan la participación y el funcionamiento democrático de las instituciones.

El gobierno correísta ha violado la Constitución. Es cierto. Pero también es cierto que sus acciones se han basado en la Constitución, que en varios aspectos estructurales niegan la participación popular, deforman la acción legislativa y pretenden estatizar a la sociedad civil.

Por ello, aunque sea difícil aceptarlo de entrada, el país no tiene más remedio que hacer un “borra y va de nuevo”, no para desmantelar los avances logrados por la Constitución vigente, sino para aprender de las experiencias y para realizar, en una Asamblea Constituyente, un cambio constitucional, no con dedicatoria al déspota de turno, sino para construir en el futuro un país de justicia social y democracia radical.

LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI

La Constitución aprobada en Montecristi contiene importantes avances. robusteció el papel del Estado, sobre todo en la economía y amplió el ámbito de lo público, rescatando la planificación. Esto era necesario frente al predominio neoliberal que había desmantelado instituciones estatales de importancia. La Constitución extendió las garantías y derechos ciudadanos ya consagrados en 1998 creando instituciones de protección. Mantuvo las diversidades y los derechos colectivos indígenas y afroecuatorianos.

Pero la Constitución terminó siendo un texto enorme, farragoso y contradictorio; con artículos declarativos, definiciones inapropiadas, errores y ambigüedades. Muchas de sus disposiciones se introdujeron por motivaciones coyunturales.

Desde el punto de vista de los sectores de izquierda, se perdió la oportunidad de contar con una Constitución clara, corta, concisa, que pudiera ser base de un proyecto nacional de largo plazo.

Lo más negativo de la Constitución es que establece un presidencialismo exacerbado. Concentra todo el poder real en el ejecutivo, que es el verdadero legislador, el real nominador de las funciones de “participación ciudadana” y electoral y supervisor de la función judicial.

La concentración del poder, en nombre de la “gobernabilidad”, fue tesis de la derecha autoritaria. Lo paradógico es que lo que ella no pudo, lo hicieron los correístas a nombre de la “revolución”.

La aplicación de la Constitución en estos seis años ha sido un desastre peor del previsto.

Más allá de las declaraciones contenidas en su parte dogmática, en su parte orgánica se limitaron o anularon derechos fundamentales. El nuevo poder de “participación ciudadana” no representa a nadie y ha hecho nominaciones que son, en la práctica, un mecanismo para eliminar la representación política y designar para las más altas funciones a personas adeptas al gobierno. También se han eliminado los procedimientos del debate legislativo, con el “voto en bloque”.

Y lo que es más grave, aplicando principios constitucionales, se ha negado la autonomía de la organización popular y se ha arremetido contra ella. El “presidencialismo” de la Constitución es un claro retroceso que a estas alturas ya nadie puede justificar.

La práctica nos ha demostrado que desde el poder no hay voluntad de corregir la
Constitución. El régimen ha limitado los derechos y garantías que consagra y profundiza sus rasgos autoritarios y antidemocráticos.

Pero, de acuerdo con la propia Constitución, cambios fundamentales solo pueden hacerse por una Asamblea Constituyente, establecida en su Art. 444.

SI LA CONSTITUCIÓN NO FUNCIONA…

El correísmo es autoritario y ha violado los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Pero eso no significa que esta sea buena. En verdad, el régimen ha atropellado el orden jurídico, pero ese orden jurídico tal como está establecido en la Constitución es inconveniente para el país. Aparte de su ampulosa y confusa redacción, contiene muchas declaraciones sobre garantías y derechos, pero atropella varios de ellos, esenciales en una democracia. No es cierto afirmar que la Constitución es excelente, y además el correísmo no la aplica o la viola.

La verdad es que muchas de sus disposiciones orgánicas se hicieron a la medida del autoritarismo y el poder único. Un estado con cinco poderes o funciones es
un engendro. Haber añadido dos más a nuestro sistema constitucional, cuyos integrantes, con carpetazos y vicerazos de por medio, son escogidos por quien ejerce el poder, es un retroceso. Es un acto de ingenuidad o cinismo pensar que un ente de composición no representativa amplía la participación. Se crearon nuevos poderes o funciones del estado para que, en realidad, exista solo uno: el del caudillo.


El desprestigio del sistema político, manejado por los partidos de estado, que se alternaron en el poder y manipularon el sistema electoral, provocó una reacción y la búsqueda de una alternativa frente a la “partidocracia”. Los constituyentes de Montecristi creyeron que con la designación de los organismos por concurso se tendría autoridades independientes. No se juzga aquí la intención de los constituyentes.

Muchos de ellos habrán procedido de buena fe. Pero el sistema constitucional autoritario que aprobaron resultó aún peor que el anterior. El principal eje antidemocrático de la Constitución es que consagra un presidencialismo exacerbado, absorbente y vertical, que elimina la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos. Con un jefe de Estado que manda en todo y resuelve todo, que usa al Congreso como su traspatio y a los jueces como ejecutores de sus retaliaciones, el control desaparece, no hay fiscalización.

Y donde no se puede frenar el mal uso de los fondos públicos, la corrupción invade todo.

UN GRAN ACUERDO NACIONAL

Reformar la Constitución por la Asamblea Nacional es inviable. Con esto, solo queda un camino: una Asamblea Constituyente que pueda realizar una reforma a fondo de la Constitución. Al hacerlo, desde luego, asumimos que un texto constitucional futuro deberá mantener todas las conquistas jurídicas que ha logrado el pueblo ecuatoriano, que debe estar dispuesto a defenderlas en caso de que estuvieran en peligro.

Eso podrá cumplirse solo si se entiende que la Constitución es para todos. No solo para un partido, para un grupo social, para un caudillo. Si queremos avanzar en nuestro proceso de construcción nacional y desarrollo de la democracia radical con justicia social, debemos preparar el consenso para una Asamblea Constituyente que emita un texto constitucional para el Ecuador del futuro.