EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR USA LOS PEORES EPÍTETOS CONTRA LA PRENSA Y LOS PERIODISTAS 



A LOS MEDIOS PRIVADOS LOS CALIFICA DE PRENSA CORRUPTA 



Rodrigo Santillán Peralbo
El presidente de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado, en su particular guerra contra la prensa y los periodistas, utiliza los peores epítetos para descalificar a la prensa autollamada “independiente” y a los periodistas que prestan sus servicios profesionales en los medios de comunicación social privados. Las víctimas de sus adjetivaciones y amenazas lanzadas sin medida ni control, han sido y son los periodistas que han sido vejados en su dignidad y honor al ser tachados de “manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta, golpistas”, por ejemplo.

En sus semanales “enlaces ciudadanos” conocidos por el pueblo, como “sabatinas”, ha llegado a romper periódicos, ha utilizado un lenguaje incompatible con la majestad de la Presidencia de la República, y comúnmente llama “prensa corrupta” a los medios privados a los que, sin embargo, los usa para la cobertura de sus actos o para sus continuas campañas de propaganda y obligadas cadenas nacionales de radio y televisión.
Fueron esos medios privados los que hace más de ocho años apoyaron su candidatura a la Presidencia del Ecuador, los que promocionaron su imagen y dieron a conocer su nombre entre la ciudadanía que, cansada de la partidocracia, buscaba un “outsider” que hiciera realidad el deseo popular “que se vayan todos” los partidos y políticos tradicionales. Rafael Correa Delgado, un político desconocido, un académico forjado en universidades particulares del Ecuador y de otros países como Bélgica y Estados Unidos, llegaba en el preciso momento del vacío de liderazgo dejado por los viejos políticos, generalmente representantes de las derechas políticas y económicas que obedecían los mandatos de los cerrados círculos de la clase dominante.
Los medios de comunicación privados pertenecen a esos círculos socio-económicos-políticos y, por tanto, defienden sus intereses y desde siempre, con su accionar, han buscado mantener los privilegios de los sectores dominantes. Han sido un poder fáctico que, desde las páginas editoriales, ha sido capaz de impulsar programas de gobierno, torcer decisiones del gobernante de turno y exigir “rectificaciones” cuando han visto amenazados los intereses de clase.
Muchos son los defectos de los medios de comunicación social que pertenecen al sector privado: manipulación de la información, tergiversación de los hechos sociales, económicos, políticos, culturales y hasta deportivos, desinformación para distraer la atención de los pueblos de los asuntos fundamentales que los afectan y acatamiento casi sumiso a las órdenes del imperio o alineación con sus objetivos de dominación son, entre otros, los graves defectos de la gran prensa y sus efectos negativos que causan en los receptores.
Desde que ganó las elecciones y comenzó su gobierno en el año 2007, el hoy presidente Correa, comenzó sus ataques contra la prensa. Dijo “ganamos las elecciones, pero no el poder. El poder está controlado por los intereses económicos, la banca, la partidocracia, y los medios conectados a los bancos”. Sostuvo que los medios son un “poder fáctico que ha dominado en América Latina” y tuvo razón, pero con el transcurrir del tiempo, sus ataques virulentos e indiscriminados comenzaron a cansar por las tantas generalizaciones sin aportar pruebas de sus decires, ni concretar sus insultos con evidencias que demuestren sus razones. Si la prensa es “corrupta” el presidente Correa se ha alineado con el discurso que manejan otros presidentes llamados progresistas, de izquierda y motejados como populistas por los sectores de oposición: Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina que en sus guerras contra la prensa, los gobernantes manejan similar lenguaje y emprenden en acciones que han sido tildadas como ataques o de total irrespeto a la libertad de expresión del pensamiento.
No cabe duda que el presidente Correa a lo largo de su ya extenso mandato, ha desarrollado un desmedido amor al poder, del que usa y abusa con su clara tendencia a controlar todas las funciones y organismos del Estado, hasta liquidar autonomías e independencias, para terminar por desvirtuar las características esenciales de lo que los tratadistas llaman “Estado de Derecho” o democracias. En el Ecuador, el único poder es el del Presidente de la República quien, además, se ha convertido, por propia decisión, en la única verdad, en la voz del pueblo para enfrentar a sus enemigos que, curiosamente, son los “enemigos” de Correa que no tiene opositores, sino enemigos.
Si la “prensa corrupta” decide entrevistar a un representante de las derechas políticas, o informar acerca de las actividades o discursos de los políticos tradicionales que lo critican o cuestionan su administración, de inmediato despierta la furia del gobernante y los descalifica al llamarlos “cadáveres insepultos”, representantes de las oligarquías, del viejo orden corrupto de la partidocracia, “enemigos de la nueva patria que ya es de todos.”
Es innegable que la gran prensa cuenta con los medios suficientes para manipular la opinión pública, influenciar en los receptores: televidentes, radioescuchas o lectores de periódicos y revistas, pero no tienen la fuerza ni el poder para ser esencial en el momento de cambiar conciencias o “lavar cerebros”. En si, su innegable poder es limitado a círculos cada vez más reducidos, debido al desarrollo de las redes sociales, uso de internet y de la televisión por cable.
A pesar de todas las críticas y debilidades, la prensa es fundamental para el desarrollo, ejecución y afianzamiento de cualquier programa político. Al fin y al cabo son reproductores de las ideologías dominantes y es quizá, con este conocimiento, que en el gobierno de Correa se han creado alrededor de 20 medios de comunicación social públicos: estaciones de televisión incautados a los banqueros Isaías que tenían deudas con el Estado, creación un canal de Tv. público, estaciones de radiodifusión, periódicos incautados o creados que forman una gran masa de medios públicos que al decir de Ignacio Ramonet viven en el infantilismo del periodismo, al creer que los medios públicos son medios de propaganda del gobierno o la voz oficial del Presidente y sus ministros.
A más de esos medios, el Gobierno utiliza todo el sistema de comunicación instalado para difundir su imagen, consolidar su particular política y convertirse en la voz de oficial del Estado y en la voz del pueblo a quien dice defender y servir con sus políticas públicas. La oposición sostiene que con todos los medios de comunicación obligados a participar en las sabatinas, en las cadenas de Radio y Tv. consolida su liderazgo ante sus electores o que, con el uso de esos medios, incrementa el clientelismo electoral. Inclusive spots de propaganda y de publicidad son difundidos en cadenas de radio y televisión o cadenas que son usadas con prepotencia para descalificar a sus opositores políticos y a periodistas nada afectos al régimen de la “revolución ciudadana”.
Carlos de la Torre, director del programa de estudios internacionales de la Universidad de Kentucky, en un análisis de la situación comunicacional y política del Ecuador, sostenía: “Correa se ha transformado en una presencia cotidiana en la vida los ecuatorianos. Está constantemente informando sobre los logros y la obra pública de su Gobierno, emitiendo juicios desde la televisión y la radio y descalificando a los enemigos de su revolución… Las palabras del presidente han motivado a que algunos de sus seguidores amenacen a los periodistas aludidos cuyas fotos son proyectadas en las cadenas y los enlaces.
Agregaba que el Estado está estrangulando económicamente a los medios. A diferencia de México, Brasil o Argentina en Ecuador no hay monopolios mediáticos y muchos son empresas familiares que tienen márgenes de ganancia pequeños. La Constitución no autorizó que los banqueros fueran propietarios de medios y una consulta popular prohibió que los dueños de los medios tuvieran acciones en otras empresas. El Estado, que es el publicista más grande, ha restringido la publicidad en los medios críticos, se subió el costo del papel y empresarios afines al Gobierno redujeron los montos de publicidad en los diarios tachados como enemigos del gobierno.
El Estado ecuatoriano creó un Consejo que regula que la comunicación sea objetiva y que prohíbe sus malos usos. La vaguedad de estos conceptos que son usados para castigar a los críticos y a quienes investigan los abusos del poder ha llevado a la autocensura. El modelo de prensa que impulsa el gobierno de Correa combina una versión de los Nodos del franquismo que publicitan los logros y obras del Presidente, junto a una prensa amarillista y partisana que descalifica a sus enemigos deshumanizándoles como piltrafas que se merecen todo tipo de ataque.
La guerra en contra de los medios que le es muy útil para captar votos pues polariza la política en dos bandos maniqueos, está minando la calidad de los debates en la esfera pública. Las críticas son cada vez menos comunes y no hay espacios para el periodismo investigativo. Muchos periodistas y dueños de los medios se están acomodando a las nuevas reglas del juego, otros resisten pero con costos muy altos… El afán de Correa de colonizar la esfera pública para transformarla en un coro de grillos que alaban su revolución, está provocando que los comunicadores tengan que tomar posiciones éticas. Si bien las ventajas de estar junto al poder son inmensas para ganar poder y dinero, tiene un gran costo moral. No se puede callar ante los atropellos que minan el pluralismo y que están llevando a la extinción de la democracia. La resistencia de los periodistas y comunicadores que seguirán exponiendo los abusos del poder en Internet o fuera del país es fundamental para no callar ante el autoritarismo populista de Correa”.
Cotidianamente el Gobierno ve a los medios de comunicación y a los periodistas que trabajan para esos medios, como enemigos y no vacila en agredirlos personalmente, o mediante el uso, abuso y manipulación de sus seguidores y simpatizantes para que insulten a los periodistas, los amenacen de palabra, obra y hasta de muerte a ellos y sus familias. Ya se han producido atentados y ataques físicos a varios periodistas. “El oficio más hermoso del mundo” al decir de Gabriel García Márquez, se va convirtiendo en la profesión más amenazada y amedrentada en el Ecuador.
No sólo es Correa que, en su calidad de Presidente de la República, ha declarado la guerra a la “prensa corrupta”, son también sus áulicos: Ministros de Estaos, secretarios, amanuenses y miembros de comisiones creadas por el mismo y recaderos oficiosos que no faltan en ningún régimen.
Por ejemplo Diego Guzmán y Carlos Baca Mancheno, integrantes de la Comisión 30S, creada por el gobierno de Correa para demostrar que en esa fecha se produjo un intento de golpe de Estado, un secuestro del Presidente y un intento de magnicidio, consideraron ekl papel que desempeñaron los medios de comunicación social antes, durante y después de la asonada policial ocurrida el 30 de septiembre del año 2010. Para esos comisionados es indiscutible que en ese aciago día hubo un intento de golpe de Estado desmentido por muchos sectores políticos y por los mismos participantes en la insurrección.
Baca advirtió que otra asonada o intento de golpe de Estado siempre está latente y es posible que vuelva a ocurrir porque los partidos políticos de oposición intentan influir en la opinión pública a través de noticias y opiniones que son recogidas por medios de comunicación privados, así sean falsas informaciones como las referidas a los aumentos de los precios del gas o sobre el retiro de beneficios para militares y policías o al informar que Correa va intervenir en los sistemas de seguridad social como el Issfa e Isspol de las Fuerzas Armadas y policiales respectivamente.
“Baca ya señaló que los medios de comunicación jugaron un papel importante el 30S. Precisó que ciertos medios calentaron el ambiente, antes del 30S hablaron de muerte cruzada, durante el intento de golpe de Estado y al final del proceso quisieron posicionar la idea de que ese día no pasó nada.
Según él, ciertos medios de comunicación fueron actores políticos, "no contrastaron la información, sino que posicionaron una información falsa". “Detalló que se realizó un análisis de 4.825 noticias publicadas en medios de comunicación públicos y privados entre julio y diciembre de 2010, de ellos 2.880 en prensa escrita, y 2.145 en medios de televisión y radio. De esa investigación se detalló que un 64% de las noticias de los medios tuvieron un sesgo contrario a la política pública. También se analizaron 82 editoriales, donde se comprobó que ciertos medios, desde los editoriales construyeron la opinión pública, con base a la opinión de los articulistas”. ¿Acaso los periodistas o editorialistas están en la obligación de aplaudir todo lo que haga o deje de hacer el gobierno?
Sostuvo que ciertos medios de comunicación privados no actuaron de manera imparcial y objetiva. "Las agendas mediáticas no hablaron de un atentado a la democracia (...) no se habló del atentado en contra de la vida del presidente Correa". Al respecto cabe advertir al señor Baca que la imparcialidad no existe, a no ser que sea usada para satisfacer intereses políticos, sociales o económicos de ciertos grupos enquistaos en el poder o que actúan fuera de él, pero que tienen su propio poder económico, social o político como es el caso de las oligarquías o de las grandes empresas de comunicación social subordinadas a ese poder, o al centro hegemónico capitalista-imperial.
Baca pidió a los medios que "digan la verdad, busquen la verdad, no sean un medio que usan los políticos para manipular el pensamiento". ¿También se referiría a su jefe Correa?. Manifestó que la ciudadanía nunca debe " permitir que nos enceguezcan y manipulen a la ciudadanía". Como se ve desde los sectores oficiales se mantiene una ofensiva contra la prensa privada que no es ni una maravilla y que comete errores intencionados o espontáneos, pero tampoco es el único sector responsable de todas las desgracias y calamidades que le acaecen a este pueblo.
Guzmán, quien formó el Primer Observatorio de Medios de Comunicación, sostuvo que ciertos medios direccionan la información bajo un supuesto marco de libertad de expresión. Señaló que esos medios no defienden la libertad de expresión, sino una "libertad de excreción", porque jamás contrastan ni verifican la información. A su criterio, esos medios trastocan la escala de valores, "llevan la corrupción en lo que callan y no quieren que conozca la ciudadanía". "Buscan interpretar lo que les conviene". En estos tiempos ya no se practica el periodismo de investigación para denunciar la corrupción que se anida en diversos niveles, por ejemplo, ya sea por temor o por prudencia, no sea que el periodista investigador sea mancillado, ultrajado en su dignidad y honor, o enjuiciado para mandarlo a la cárcel o centro de rehabilitación como se dice ahora, o para exigir el pago de millonarias indemnizaciones por supuestamente afectar el honor o el buen nombre del mencionado. A menudo el periodista es acusado de verter calumnias injuriosas graves o de difundir falsas informaciones.
Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, revivió políticamente la tragedia nacional que vivió el Ecuador el 30 de septiembre del 2010 y ordenó que se abra una nueva investigación sobre los intentos de golpe de Estado y de magnicidio que enfrentó en esa fecha e inculpó directamente a un sector de la prensa, como el responsable de lo ocurrido, con muertos y heridos.

"Vamos a realizar las respectivas investigaciones y establecer responsabilidades. Aquello que tuvo consecuencias tan graves no puede quedar en la impunidad", sostuvo en un discurso pronunciado ante militares durante el acto de conmemoración de los 20 años de la guerra del Cenepa habida contra el Perú

“El 30 de setiembre de 2010, un grupo de policías se rebeló contra el Ejecutivo a raíz de una ley que reformó el régimen salarial de los uniformados. La protesta, en la que también participaron militares, dejó diez muertos y unos 300 heridos.

Una comisión creada por el gobierno de Correa concluyó en junio pasado que sectores de oposición, entre ellos políticos, intentaron asestar el golpe de Estado y cometer el magnicidio mediante la rebelión policial.

Correa, quien sostiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa al que acusa de tratar de desestabilizarlo, se preguntó ante la cúpula militar: "Quiénes fueron los que hicieron esa campaña de desinformación que provocó el 30-S y continúan con esa campaña? ¿Dónde están?".

"Son las preguntas que deberían responderse pero cierta prensa hace mutis por el foro", añadió el gobernante, apuntando que "saben que sus micrófonos y tinteros hicieron correr sangre inocente".

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) respondió a Correa al afirmar que "rechazan tal imputación. Aun cuando el presidente Correa nos ha tomado como sus enemigos desde que llegó a Carondelet (sede del gobierno), jamás los diarios y revistas asociados en la Aedep han buscado el derrocamiento del presidente, mucho menos su asesinato".

Durante la rebelión policial, el presidente Correa fue al Regimiento Quito para, personalmente, sofocar la sublevación, pero allí, decenas policías lo agredieron con gases lacrimógenos y acciones físicas, por lo que el Presidente fue a refugiarse en el Hospital de la Policía en donde fue retenido contra su voluntad, pero desde allí dio conferencias de prensa, sostuvo conversaciones con varios de sus ministros, asambleistas, jefes policiales y militares o hizo contactos telefónicos y según un libro publicado por el general González que era Jefe del Comando Conjunto en ese entonces, vía telefónica le habría ordenado que lo rescatara y liberara del secuestro del que había sido objeto por parte de policías sublevados. En todo caso habría sido un secuestro atípico, pero es absolutamente cierto que el vehículo en que era rescatado para conducirlo al Palacio de Gobierno, fue baleado por francotiradores policiales, hecho que configuraría el intento de magnicidio.

¿Cuál fue la responsabilidad de los medios privados de comunicación social en aquel día de triste recordación? ¿Acaso los periodistas organizaron la revuelta policial o intentaron un golpe de Estado? En días anteriores al hecho había una especie de conmoción interna porque el mismo Presidente de la República amenazaba con disolver la Asamblea Nacional, utilizando la figura de la muerte cruzada.

Esa misma Asamblea de mayoría de Alianza Pais debatía un proyecto de Ley con la cual se reducían algunos privilegios económicos de policías y militares, temas de interés público que de una u otra manera debían ser tratados por periodistas y dados a conocer a la opinión pública mediante informaciones verificadas y contratadas. ¿Se puede acusar a los periodistas de haber provocado o propiciado la revuelta policial durante la cual, en el transcurso del tristemente célebre 30 de Septiembre de 2010, se unieron a la asonada algunos grupos militares y sectores estudiantiles y populares? ¿También los periodistas serán responsables del surgimiento de grupos que apoyaron al Presidente Correa?

Por otra parte, en cumplimiento de disposiciones emanadas de autoridades del Gobierno, se produjo una gran cadena nacional de radio y televisión cuyas matrices fueron la televisión pública y la radio pública que eran los únicos medios que emitían boletines de prensa y comunicados oficiales. ¿A qué hora periodistas y medios podrían haber manipulado la revuelta policial para producir un intento de golpe de Estado, o provocar manifestaciones a favor o en contra del Gobierno?

Según el general González en servicio pasivo, fue el presidente Correa quien ordenó que se le rescate del Hospital de la Policía Nacional ubicado al norte de Quito, acción que se ejecutó y que produjo la muerte de policías y militares porque no fue un rescate pacífico sino con el uso de alto poder de fuego. ¿Los periodistas serán los responsables de la muerte de elementos de tropa o de ocasionar heridos?

Fundamedios que es una ONG que defiende la libertad de expresión, a la prensa privada y a los periodistas advertía que en “el año 2014 se produjo un record de agresiones directas para el ejercicio del periodismo y las libertades en el Ecuador con 254 ataques reportados de un total de 1031 desde 2008. La cifra representa un incremento del 46% en comparación con el 2013.

Los datos hablan por sí solos y cualquier previsión negativa que se podía establecer sobre la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se cristalizó en 2014.

Las constantes denuncias y sanciones a los medios han arrinconado aún más a la
escasa prensa crítica ecuatoriana y las consecuencias de esta "asfixia" ya son
evidentes. Solo en este año, cuatro medios de comunicación cerraron sus puertas durante julio y agosto: diario Hoy, diario La Hora en Manabí y El Oro, y diario El Meridiano de Guayaquil. La Hora de Manabí anunció su cierre tras 16 años de difusión debido a "restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su Reglamento", así como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes. Mientras que los directivos de diario Hoy, liquidado de manera forzosa tras 32 años de vida, denunció que una de las causas para su debilitamiento como empresa fue la aplicación del mencionado cuerpo legal.

Sin duda, la aplicación de la LOC marcó este año, evidenciando una aplicación
arbitraria y disciplinaria de la norma, con denuncias de funcionarios y autoridades casi diarias, acciones de oficio de las autoridades y sanciones desproporcionadas a los medios, impuestas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), por lo que no resulta extraño que las agresiones por "Decisiones fiscales, judiciales o administrativas" ocupen el primer lugar, pues en esta categoría se incluyen las más de 61 sanciones a medios.

El informe que presenta Fundamedios con el título de "La censura cabalga sobre el lomo de una Ley" incorpora el análisis de las estadísticas que arroja el año en
materia de libertad de expresión en el Ecuador. Además contiene la descripción de los principales casos de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, también los correspondientes a censura en Internet y finalmente un resumen mes por mes de las principales agresiones contra el derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento”.

Cierto que las grandes empresas de comunicación social provocan graves efectos en los públicos receptores de mensajes, pero los periodistas trabajan presionados y en ocasiones en condiciones económicas y materiales precarias, acatan las políticas impuestas por el medio de comunicación aunque no compartan sus ideologías y a pesar de todo llevan, transmiten y escriben noticias para que el pueblo ejerza su irrenunciable derecho a la información.

Un periodista profesional que cumple con su deber con elevada responsabilidad, busca y tiene fuentes de información confiables y verificables, y por tanto, es un profesional bien informado, inclusive más allá que otros personajes de la política, la banca, la economía o de altos funcionarios del gobierno. Buscar que la justicia establezca responsabilidades civiles o penales e inculpar a periodistas sobre los muertos y heridos del 30S es una tesis que no resiste la sana crítica. Los periodistas no permanecen en la impunidad porque nada callan ni ocultan, ni son responsables de algún hecho delictivo ocurrido en esa fecha o ¿acaso quieren castigarlos por cumplir con su deber?

Una de las obligaciones primordiales de un buen periodista es estar bien informado de los acontecimientos sociales, económicos, políticos, culturales que sean de interés público y que puedan afectar de alguna manera a la colectividad a la que sirve. En ocasiones tiene la obligación de informar sobre hechos dolorosos o acerca de situaciones políticas, económicas y sociales que podrían ocasionar conmociones, pero los periodistas no son los que crean esas situaciones, en consecuencia la responsabilidad recae entre los gobernantes, autoridades y políticos de toda especie.

Sobre el 30S la responsabilidad está en otros lados. ¿Por qué razones se tramitaban proyectos de ley que iban a causar malestar entre miembros de la fuerza pública? ¿Por qué los servicios de inteligencia del Estado y de seguridad del Presidente de la República que asistían a un seminario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- nunca detectaron el malestar entre las tropas policiales? ¿Por qué no conocieron de los planes de esa revuelta?
¿Acaso quieren significar que los periodistas si conocían con antelación de los planes y pormenores de esa revuelta?

Los periodistas no merecen ser insultados, vejados, humillados, ofendidos, ni tienen por qué soportar las agresiones en contra de su dignidad, su integridad física e intelectual, y menos tienen por qué sufrir las amenazas y agresiones que fanáticos e irresponsables profieren contra sus familias.

Por otra parte, los periodistas sufren de acoso moral y profesional desatado por organismos y funcionarios gubernamentales convertidos en inquisidores de todo cuánto dicen y escriben en los medios de comunicación social. Unos han merecido cadenas de radio y Tv. para desprestigiarlos y ofenderlos, otros han sido enjuiciados, alguno exiliado y hay casos de periodistas despedidos de sus trabajos. Es innegable la persecución, en ocasiones violenta.

La aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación Social ha traído graves consecuencias para medios y periodistas. Existe ya cesura previa y lo que es peor hay autocensura. Existe abuso y prepotencia de las autoridades encargadas del control a prensa y periodistas. Por ejemplo, mientras la Constitución garantiza el debido proceso y la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones, las autoridades las incumplen flagrantemente porque sólo les importa acatar y/o agradar al Jefe de Estado.
Poco a poco el miedo cobra fuerza y se impone en todo el país y no únicamente entre los empresarios de la comunicación social sino entre los trabajadores periodistas de esos medios. La Ley de Comunicación debía ser un instrumento que limite las acciones encaminadas a influir en los públicos receptores en un determinado sentido que sea de interés para la clase a la que pertenecen las empresas o que acabe con los defectos, pero a la larga “el remedio va siendo peor que la enfermedad”. La libertad de expresión que “ya es de todos” pertenece sólo al gobierno que se considera dueño de la verdad, cuando ese derecho irrenunciable debe ser de todo el pueblo. En la guerra del Presidente contra la prensa y los periodistas, el pueblo será el único perdedor porque no ejercerá el derecho a la información, ni nunca será suya la libertad de expresión del pensamiento.