EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR EL M – 19 



LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL EJERCITO Y LA FUERZA PÚBLICA 



La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDU) dio a conocer la semana pasada
un fallo en el que se codena al Estado Colombiano por la desaparición forzada,
la ejecución extrajudicial y las torturas que sufrieron 17 personas con motivo de la toma violenta del palacio de justicia.

En el fallo se aclara que ¨..la Corte no es un tribunal penal que analiza la
responsabilidad de los individuos, por lo que el objeto del presente caso no se
refiere a la inocencia o culpabilidad de las distintas autoridades estatales
que presuntamente participaron de los hechos del caso, sino a la conformidad de
los actos estatales con la Convención Americana. Por tanto, en el presente caso
la Corte no se pronunciará sobre la responsabilidad penal de (persona alguna),
ya que eso es materia de la jurisdicción interna colombiana¨.

Hecha esta aclaración sobre el alcance del citado fallo es necesario señalar que la
toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante los días 5 y 6 de
noviembre de 1.985 fue una terrible y gravísima tragedia para Colombia.

El hecho violento que pretendió derrotar la institucionalidad del país cegó la
vida de valiosos e ilustres ciudadanos, muchos de ellos destacados juristas
pertenecientes a la máxima jerarquía del poder judicial.

Los directivos del M-19 que tomaron la decisión y los miembros que participaron en
la toma están todos muertos. Ellos pagaron con sus vidas la locura que invadió
sus mentes y sus corazones en esa hora fatal que no debió existir en la
historia de nuestros días.

Los integrantes del M-19 que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio
Barco en 1.990, a la postre exitoso, y que no participamos ni en la toma de
decisiones ni en los hechos sucedidos, en reiteradas ocasiones, hemos pedido
perdón.

Por mi parte, sin que hubiera tenido participación intelectual o material alguna en
los hechos, nuevamente hoy, en este día y en esta tierra en la que
permanentemente se lucha por mejorar su democracia y que en su generosidad me
ha permitido asumir responsabilidades públicas e institucionales, tales como
Concejal, Alcalde, Representante a la Cámara, Senador y alto funcionario de
gobierno, nuevamente pido perdón a toda Colombia y a todas las víctimas del
holocausto.

Allí perdieron la vida mis mejores maestros, los que me enseñaron derecho en la
Universidad Externado de Colombia: los doctores Carlos Medellín, mi profesor de
derecho Romano y mi Presidente de tesis; Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de
derecho penal; Manuel Gaona Cruz, uno de mis profesores de derecho constitucional;
Mario Calderón, también profesor de derecho penal y otros destacados
Magistrados y decenas de personas (mi compañero de curso el Dr. Ricardo
Correal, gravemente herido) que se encontraban dentro del Palacio de Justicia.

Mis compañeros de insurrección armada, integrantes del M-19 que protagonizaron la
toma, pagaron con sus vidas.

LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL EJERCITO Y LA FUERZA PÚBLICA.-

Mas allá del establecimiento de las responsabilidades jurídicas o políticas que
desencadenaron los hechos de la toma del Palacio de Justicia, en mi calidad de colombiano ex integrante del M-19 debo decir que las acciones emprendidas por el Ejercito Nacional y la fuerza pública para recuperar el control del Palacio fueron las
que correspondían, derivadas de las obligaciones establecidas en la
Constitución Nacional y la ley vigentes en ese momento.

En este sentido debo señalar que desde hace varios años, en forma discreta pero
rigurosa, me preocupe por estudiar y conocer lo más minuciosamente posible la
integralidad de los hechos y operativos que tuvieron lugar para la retoma del
Palacio de Justicia.

La información obtenida y el estudio juicioso de los hechos me permiten referirme
a dos circunstancias cruciales de la investigación que se adelanta por estos
dolorosos acontecimientos: 1) La actuación del Comandante de la Escuela de
Caballería Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y, 2) La desaparición de
personas que llegaron vivas a la casa del florero.

Respecto del primer punto debo declarar que fundado en esa indagación en la cual me
esforcé para no dejarme arrastrar por la pasión o el subjetivismo, con profunda
humildad y respeto he llegado a la conclusión, y estoy en condiciones de
afirmar públicamente, que el Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega quien
fue designado, dentro de los procedimientos del mando militar, como el oficial
responsable para dirigir la retoma del Palacio de Justicia, actuó en el fragor
de la batalla en el marco y dentro del respeto de los reglamentos militares
para las acciones propias del combate y en cumplimiento de lo ordenado por la
Constitución y la Ley.

El Coronel Plazas, como lo veremos enseguida, no estuvo involucrado ni tuvo nada
que ver con los hechos que se sucedieron al interior de la casa del florero y
que condujeron a la comisión de delitos de desaparición de personas.

Constituye, por lo tanto, una grave injusticia mantener privado de la libertad a un oficial
que lo único que hizo fue cumplir con dignidad el deber que le imponía su
juramento de lealtad a la institucionalidad y la patria.

Mi solicitud respetuosa, en consecuencia, a la justicia colombiana para que se
revise el caso del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y le devuelva la libertad
que nunca debió perder.

Para Thania Vega, esposa del Coronel, quien tiene asiento en este Senado de la
República todo mi respeto y solidaridad en su condición de víctima de esta
injusticia.

Respecto del segundo punto relativo a la desaparición de personas a partir de su
ubicación en la casa del florero y su entrega a responsables de otras unidades
debo señalar que aunque algunas de las desapariciones se han venido aclarando
en el sentido de haberse establecido como verdaderos crímenes y hechos
delictuosos, las investigaciones, inexplicablemente no han avanzado en su
verdad verdadera, su verdad jurídica y su verdad histórica.
Aunque existen suficientes evidencias e indicios es necesario que las investigaciones
avancen en el esclarecimiento de hechos criminales relacionados con la
desaparición de personas que tuvieron lugar en la Brigada 20 de la época
ubicada en el barrio San Cristóbal sur de Bogotá.

Según declaraciones que reposan en varios expedientes, entre ellas por ejemplo, la
declaración del sargento Bernardo Garzón Garzón ante la Fiscalía Regional el 21
de noviembre de 1.994, folios 1, 2 y 3, varios de los comprometidos en la
desaparición de personas no han sido vinculados a los procesos, ni mucho menos
detenidos.

De acuerdo con dicha declaración, veinte años después, recientemente fue detenido
el mismo Bernardo Garzón y el capitán de entonces Camilo Pulecio Tovar
responsabilizado por el primero junto con otros miembros de la fuerza pública
como autores o responsables de desaparición de personas detenidas en la casa
del florero.

Refiriéndose al sargento Bernardo Garzón Garzón el periódico El Tiempo informa en su edición de fecha 30 de enero del presente año 2014, bajo el título ¨Fiscalía negociaría
con el eslabón perdido del palacio de justicia¨ ¨...en enero de 2014, hombres del CTI de la Fiscalía que habían reactivado su búsqueda por orden de la fiscal Martha Lucía Zamora empezaron a recibir información sobre la presencia del ex militar en el Valle del Cauca.

Allí fue ubicado por la Fiscalía. El capturado hacía parte de un grupo de inteligencia
del Batallón Charry Solano que tenía como fachada la Asociación Nacional de
Estudios Técnicos (Anet)¨.

Al concluir su misión en Colombia, el Embajador de Estados Unidos Myles Frechette
afirmo que la Brigada 20 de Inteligencia estaba auspiciando la creación de
escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre DDHH
publicado por el Departamento de Estado en 1.997.

El país viene insistiendo en que se esclarezca la verdad sobre varios hechos
criminales y violentos que durante años han estremecido a la sociedad
colombiana. No es sano para una democracia como la colombiana en permanente
lucha por la consolidación de su institucionalidad que algunos miembros de la
fuerza pública se vean comprometidos e incurran en prácticas delictivas y
criminales.

El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega paga una condena por hechos en los que no
Participó y delitos que nunca cometió. Si los tribunales quieren cumplir su cometido
de alcanzar la justicia deben hacerlo esclareciendo suficientemente los hechos
y condenando a los responsables de desaparición de personas en los trágicos
acontecimientos del palacio de justicia.