DE LO ÉTICO Y LO CONSTITUCIONAL 



INCULCAMOS LA PRÁCTICA DE LA ÉTICA Y LA MORAL 



José Luis Luna Gaibor
Los ciudadanos de a pie, tanto en nuestras relaciones familiares como en la conducta cuotidiana solemos valorar e inculcar la práctica de la ética y la moral en nuestro comportamiento. No en vano inculcamos en nuestros hijos estos principios como una norma de vida.

Pero sobre estas dos palabras que las repetimos a menudo y las que igualmente las escuchamos con bastante frecuencia, todos tenemos una concepción subjetiva que guía nuestro comportamiento, sin embargo, he de transcribir lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice: -ÉTICO “Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”-, transcripción ésta que no tiene otro alcance que el significado académico de la palabra.

Sin embargo la palabra y el concepto académico, en la práctica tiene connotaciones que se adentran en el comportamiento de las personas y, con ellas, en la sociedad tanto en su quehacer diario como en las instituciones y niveles que demarcan las relaciones de los administradores y los administrados en la sociedad civil así como en el quehacer político, el que genera el comportamiento de todos los órdenes de gobierno -la administración pública-

El tratadista ecuatoriano, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de los Política dice: “La ética es la teoría de la conducta humana vista desde la perspectiva moral. Teoría del fin al que deben dirigirse los actos humanos y de los medios para alcanzarlo. La ética intenta disciplinar el comportamiento para que el hombre busque, en conformidad con lo que es su “naturaleza”, es decir, con lo que es esencial, el bien y la virtud”.

De lo transcrito hemos de colegir que el fin del ser humano es el bien y la virtud, ésta última no conceptuada desde el punto de vista religioso, estado de ánimo de consagración, sino que es la cualidad de la bondad o del bien, en tanto y en cuanto corresponde a una proba rectitud de procedimiento y de comportamiento consigo mismo como con los demás. Por ende actuar con ética es conjugar el proceder con la calidad moral, la que si bien es cierto, es intrínseca para cada persona, tiene un denominador común que se refleja en el dicho –has el bien si saber a quién- o aquel de que –no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti-

Si la sociedad está conformada por un grupo de seres humanos, ésta, por supuesto que ha de regir su conducta social con los mismos principios éticos y morales que aquellos que son su génesis, que en el caso los tienen, el pueblo. Pero para entender esto, estimo procedente recurrir al concepto dialéctico que el marxismo tiene sobre la superestructura económica, reflejo de la correlación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, de lo que se tiene que para cada etapa del desarrollo de la sociedad, la moral, la ética y la legislación maneja su propia identidad. Así por ejemplo, en la etapa esclavista del desarrollo social de los pueblos, era perfectamente ético y moral, así como legal que un ser humano llamado esclavo, sea pertenencia o propiedad de otro ser humano llamado amo; y, por cierto, la ley regulaba tal relación señalando las obligaciones de los primeros y los derechos de los segundos.

El ya referenciado Presidente Rodrigo Borja dice: “La ética lo mismo que la moral es un valor muy relativo. Está supeditado a los estados de conciencia que tienen los grupos sociales en un lugar determinado y en un momento dado. No contiene valores eternos e invariables. La historia nos enseña cómo ellos se modificaron en el curso de la historia y a lo largo del espacio. Incluso en una misma sociedad caben diversas concepciones éticas, que corresponden a los modos de “ver la vida” de los diferentes estratos sociales”

Pues bien. Tal parece ser que esta es la moral y la ética del Movimiento Político que merced a la mayoría parlamentaria y la hegemonía en todos los niveles de la administración pública, tiene respecto a su conducta que, de manera alguna se ha mantenido ni siquiera con sindéresis y menos con sujeción a los postulados con los que inició su actividad proselitista. En efecto, allá hacia el año 2006 cuando el líder de Alianza País y candidato a la Presidencia de la República proclamó “REFUNDAR EL PAIS”, lo hizo con definiciones como las que me permito transcribir:

 “Propiciar un modelo participativo a través del cual todos los ciudadano y ciudadanas puedan ejercer el poder, formar parte de la toma de decisiones públicas y controlar la actuación de sus representantes políticos.”
 Reducir el hiperpresidencialismo implica, por igual, desmantelar aquellos mecanismos que alientan el chantaje y las prácticas mafiosas desde el parlamento.
 A través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias- se abordarán cuestiones cruciales como el TLC e incluso aquellos asuntos que no logren una mayoría calificada en la propia Constituyente.
 La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas
 El Ecuador no está viviendo una época de cambio, sino un cambio de época.
Pues bien, ahora vemos que todos aquellos principios y normas de conducta que, como hemos visto son la ética del ejercicio del poder y la moral de la administración, han cambiado, y ya no es el Soberano o el Pueblo el que se encuentra en capacidad de tomar las decisiones sobre los cambios constitucionales que se quieren implementar, por supuesto, manoseando los términos y en lugar de llamarlas reformas constitucionales, las llama indebidamente enmiendas constitucionales.

¿Será que se desmantelaron las prácticas mafiosas del asambleísmo y dejó de ser una aplanadora inconsciente la mayoría parlamentaria que calificó sin pudor alguno las reformas constitucionales para llamarlas enmiendas? ¿O cómo entender el inciso segundo del Art. 1 de la Constitución del Ecuador “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”? ¿O lo dispuesto por el Art. 441 de la Ley Suprema: “La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías…”?

Y si del paquete de reformas, enmiendas o como se les quiera denominar, se evidencia, sin duda alguna, que alteran la estructura del Estado de ser un presidencialismo reelegible por una sola vez, a ser uno de reelección indefinida, o de suprimir varias de las garantías personales señaladas en la Constitución de Montecristi, aprobada por el Pueblo.

En concordancia con lo señalado, he de estar con la constitucionalista hispano mejicana Aurora Arnaiz Amigo cuando dice que, “Una ley es válida si expresa el principio social ético. Es eficaz en tanto es aplicada”, pero ahora ni la Ley Suprema ni las que regulan al organismo electoral es válida ni eficaz pues ellas no se ajustan a los deseos de quien ostenta el poder, y contrariamente a esa omnímoda voluntad, señaló lo que la ya invocada autora dice: “La norma jurídica, además de su contenido objetivo y específico, expresa una voluntad. Obliga a la obediencia en tanto esta voluntad es legal y legítima”.

La ilegitimidad que se fragua, ¿generará una desobediencia civil?

La Constitución que nos rige, que ha decir de sus creadores, era “la mejor del mundo” y que tendría una duración de “300 años”, en el Art. 144 señala con claridad que el Presidente de la República ejercerá sus funciones por cuatro años y que podrá ser reelecto por una sola vez. Disposición ésta que rompió una tradición constitucional del Ecuador de los siglos XIX y XX, en los que se estableció la no reelección inmediata; y, la de nunca, en la Constitución de 1997. Esta tradición fue rota una sola vez, en el gobierno de García Moreno, bajo cuya égida se dicta la “Carta Negra” de 1869, que no pudo aplicarse por la muerte del autócrata.

En los actuales momentos en que por referéndum se dio paso a que el ejecutivo –“le meta mano”- a la justicia, y que el Quinto Poder del Estado, o de Participación es la oficina del movimiento que gobierna, así como lo es la Función Electoral y la Asamblea, nunca es más valioso el axioma, “se tiene poder porque se es soberano, pero no se es soberano porque se tiene poder”, pues la coacción ni el imperio, ni el triunfo de la fuerza física, puede transformar la arbitrariedad en juridicidad”

Cuando quien se siente o asume ser todo poderoso y su autoproclama la voz del pueblo, sobrepasa su propia naturaleza y se endiosa teniendo a su antojo y gusto la pléyade de personajes que interpretan y acomodan las leyes para ponerlas a las órdenes del caudillo, es menester recordar lo que el gran estadista americano, el Libertador Simón Bolívar dijera en su célebre discurso de Angostura al referirse a la tiranía y al poder perpetuo: “El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo Magistrado, que los ha mandado por mucho tiempo, les mande perpetuamente.”

Nada en el mundo ha sido más ultrajada que la llamada “voluntad popular”, y en su nombre se han cometido los más execrables crímenes: ora contra la humanidad, ora contra la fe, ora contra la credibilidad y sin duda alguna contra la confianza.