LOS CUERPOS EN IGUALA PONEN LA LUPA SOBRE LA GRAVEDAD DE LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO 



"EN MÉXICO EXISTE UN COBIERNO ENTRE AUTORIDADES CIVILES, GRUPOS DELINCUENCIALES Y NARCOTRÁFICO" 



Por María Arce, enviada especial a Guerrero
Univision

“En México existe un cogobierno entre autoridades civiles, grupos de la delincuencia y narcotráfico”
La noticia trajo cierto alivio a los padres: ninguno de los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en México pertenece a los 43 estudiantes desaparecidos tras una brutal represión de policías municipales en Iguala, Guerrero. Pero la noticia trajo también un interrogante: ¿a quién pertenecen los cuerpos? El número impacta. 28 personas que desaparecieron de la noche a la mañana. 28 vidas que fueron arrancadas de golpe. 28 cuerpos que fueron quemados para tratar de ocultar su identidad. El número impacta pero es la punta del iceberg de las desapariciones en ese Estado y en ese país.
Los vecinos de Iguala, donde se produjo la masacre contra los estudiantes –murieron 6 personas, 25 fueron heridas y 43 desaparecieron- y donde fueron halladas las primeras fosas clandestinas, ya están acostumbrados. “La gente que vive por allá arriba siempre dan el aviso y (las autoridades) van a ver y sí encuentran” muertos, dijo Daniela, una vecina a UnivisionNoticias.com.
Los alrededores de Iguala están rodeados de cerros, como la mayoría de las poblaciones de Guerrero, donde las ondulaciones en el terreno son mucho más que un lindo paisaje. Los vecinos de la colonia San Miguelito, donde hallaron una segunda tanda de fosas clandestinas, lo llaman “el cementerio de los Guerreros Unidos”, el grupo criminal acusado de participar en la masacre contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado. Expertos creen que en esa zona podría haber unas 500 fosas clandestinas.
Loma del Zapatero junto con Cerro Gordo, Pueblo Viejo y La Parota son los lugares preferidos por Guerreros Unidos y otros grupos criminales para ocultar los cuerpos de sus víctimas. En Cerro Gordo encontraron los 28 cuerpos el 4 de octubre pasado. El jueves 9 en Loma de Zapatero aparecieron cuatro fosas más con restos humanos. Ayer, la Policía Comunitaria halló otras cuatro fosas en el área de La Parota. Esta tarde, en Loma de Zapatero, la Policía Comunitaria encontró seis nuevas fosas con cuerpos. Geografía del horror.
México, entre los más violentos
Aunque la cantidad de homicidios en 2013 –últimos datos disponibles- ha bajado un 12,45% en México en comparación con el año anterior, el país sigue estando entre los más violentos del mundo.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013 se produjeron 22,732 homicidios en todo el país, un promedio de 1,894 al mes, 437 por semana, 62 muertos por día.
El Estado con la mayor tasa de homicidios cada 100,000 habitantes es Guerrero. Mientras la media nacional es de 19 cada 100 mil, entre los guerrerenses es de 63 cada 100,000. Más del triple de la media a nivel país, según el INEGI.
Más de 100 mil personas han sido asesinadas en México desde que en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los narcos que dividió a los cárteles y provocó una ola de violencia y horror.
En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde documentó 249 desapariciones ocurridas, incluidos 149 casos en los que “existían evidencias convincentes de que se trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes Fuerzas de Seguridad del país”.
Tras la publicación del informe, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, reconoció la existencia de una lista confeccionada por el gobierno anterior de más de 26,000 personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas.
En mayo pasado, Osorio Chong volvió a referirse a los desaparecidos. Y aseguró que la cantidad de extraviados había bajado a 8,000. En junio, la Subprocuraduría de DDHH de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que esos 8,000 incluían solo a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde y ese mismo mes, Osorio Chong tuvo que reconocer en una conferencia de prensa que aún se desconocía el paradero de 16,000 personas. El 22 de agosto pasado, la PGR informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de 22,322.
“Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”, dijo la semana pasada José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.
“Esto no puede seguir pasando, todos los que tenemos familiares desaparecidos, secuestrados y asesinados tenemos que unirnos porque no puede permitirse que nadie más viva esto”. Las palabras son de Graciela Ledesma Narváez, cuyo hermano, el abogado Carlos Ledesma, fue asesinado el 22 de diciembre del 2006.
“Mi hermano llevaba un asunto y el hijo del cliente le reclamaba los documentos. Mi hermano le dijo que se los enviaba, pero que le pagara el trabajo. Y a estas personas se les hizo más fácil mandarlo a matar que pagarle”, cuenta Graciela a UnivisionNoticias.com. Esa es la conclusión a la que llegaron las autoridades. Aun no hay nadie preso porque los involucrados viven en EEUU y, según denuncia Graciela, las autoridades no tienen recursos para enviar la solicitud de detención a la embajada correspondiente.
“Nadie está vacunado contra la violencia. Si ahorita pensamos que no nos va a ocurrir, manténganse alerta porque no es cierto. Cualquier persona, haga lo que haga, está expuesta a que se lleven, secuestren, desaparezcan o asesinen a un familiar”, advierte Graciela, miembro del Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero.
“Ya cualquiera te amenaza, ya no te puedes bajar del carro sin estar mirando, no puedes dejar tu puerta abierta, no puedes estar seguro”, explica Graciela, periodista de profesión. Y aclara: “Es por la impunidad. Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa en este país y no va a recibir castigo siempre y cuando pueda pagarle a una autoridad”.
Manuel Olivares es secretario técnico de la Red de Derechos Humanos en Guerrero y uno de los asesores de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala: “Uno de los pilares de esta economía es el narcotráfico. Prácticamente todos los políticos recurren al financiamiento de los grupos del narcotráfico. Y por lógica sabemos que nadie va a invertir si no va a obtener ganancias. El pago es el control de determinada zona”, explica.
“El gobierno primero contribuye a la formación, al crecimiento y fortalecimiento de los grupos del narcotráfico para poder utilizarlos en contra del movimiento social. Y eso brinda la oportunidad al gobierno de decir pues nosotros no fuimos. Si hay un acto de represión, un asesinato selectivo en contra de luchadores sociales, el gobierno se deslinda y dice: Nosotros no somos, son otros actores”, sostiene Olivares.
Eso cree que ocurrió en Iguala. Allí, el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca Velázquez, fue acusado de homicidio, lesiones y desapariciones forzadas por omisión por la Procuraduría General del Estado de Guerrero. “Fue omiso en tomar los cuidados o recaudos necesarios para para preservar la integridad de los estudiantes de la Normal Rural, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”, dijo el fiscal Iñaki Blanco en su informe sobre los 43 estudiantes desaparecidos que dejó la masacre.
Los estudiantes habían ido a Iguala a tomar dos buses para utilizarlos para trasladarse por el Estado y hacer sus prácticas. Las empresas de autobuses son avisadas con anterioridad y entregan los vehículos para evitar problemas. A los pocos días, los estudiantes los devuelven y buscan buses en otro lado. Pero esta vez algo salió mal. Policías municipales los siguieron, los emboscaron y dispararon a matar y se llevaron a 43 estudiantes. Luego, según se supo ayer, los policías de Iguala entregaron a los jóvenes a policías municipales de Cocula. Según la PGR, confesaron que los jóvenes fueron después entregados a Guerreros Unidos. Se teme que el grupo criminal los haya matado.
“En México y en Guerrero existe un cogobierno entre las autoridades civiles, los grupos de la delincuencia y el narcotráfico. Y ese cogobierno es utilizado como modo de contención en contra del descontento social y para la eliminación física de luchadores sociales. Es un secreto a voces”, explica Olivares.
“Ellos mismos crean un marco de impunidad donde es muy difícil penetrar. El Estado es el que crea las leyes y no queda ninguna duda de cómo se conducen las autoridades civiles. Prácticamente en todos los municipios, algún gobernante está coludido con los narcotraficantes”, destaca Olivares.
Según datos oficiales, ninguna persona ha sido condenada en México por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006.
©Univision.com


Utopía

DEL “MOMENTO MEXICANO” AL FUTURO INCIERTO

Eduardo Ibarra Aguirre

Octubre es el mes más difícil que enfrenta Enrique Peña Nieto desde que hace casi dos años (22.6 meses) tomó posesión de la Presidencia en un clima local de rispideces y de crispación nacional.

Atrás quedó el entusiasmo mediático desmedido por el Pacto por México “producto de la madurez de las fuerzas políticas” (Peña dixit), y no de la capacidad de negociación del sistema por medio de Jesús Ortega y de José Murat. Ellos iniciaron las negociaciones sin mediar declaratoria de “presidente electo”, como lo marcan las leyes en un país donde se rinde culto sólo discursivo al estado de derecho.

También quedó para el recuerdo el llamado “Momento mexicano”, muy bien inducido desde las metrópolis imperiales y sus cajas de resonancia en las pantallas del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio.

El clímax del optimismo desmesurado no tuvo límites con la aprobación de la decisiva reforma energética para alterar los supuestos básicos de la expropiación petrolera que “se impuso” en 1937, como refirió Peña Nieto en uno de sus discursos pronunciados en Nueva York y que sus comunicadores censuraron en México con eficacia.

Enseguida de aquella gira triunfal por la Organización de las Naciones Unidas, realizada la tercera semana de septiembre, dictó cátedra a la Asamblea General sobre cómo “los mexicanos fueron capaces de reformar” a su país, mientras la ONU no sabe emprender su renovación --en una suerte de autopromoción temprana, acaso para repetir los delirios de Luis Echeverría Álvarez en 1976, se agudizaron los elementos económicos, políticos y sociales que ya integran un cuadro nuevo, desafiante para éste y cualquier mandatario.

Para entonces el fusilamiento de 21 jóvenes por elementos del Ejército en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio, estaba bajo el control de los que como Eruviel Ávila vendían con éxito la encubridora tesis del “enfrentamiento” entre militares y “delincuentes”.

La matanza de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes, el 26 de septiembre, estaban por producirse, pero sobre todo la enérgica y puntual condena internacional, así como la extraordinaria movilización mexicana que es deseable no la opaquen y menos neutralicen los reiterados actos vandálicos de grupúsculos que no queda claro si forman parte de los dizque “radicales” o son puestos en escena con fines perversos. En cualesquiera casos, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México no es recomendable se hagan los desentendidos. La CNTE pagó esa conducta con el aislamiento ciudadano en el Distrito Federal.
Sin embargo, existen fenómenos tan o más importantes que los anteriores, si se observan desde la perspectiva del poder, institucional y fáctico o al revés porque no siempre queda claro cuál decide.

La persistente baja en la extracción de la mezcla mexicana de petróleo, la disminución de los precios en el mercado energético global y la salida de Galveston, Texas, de la primera carga de crudo estadunidense a Corea del Sur, son sucesos que preocupan y hasta angustian a la elite gubernamental. Entre otras cosas porque su proyecto Económico que al decir de los expertos empezaba a mostrar la luz en el oscuro túnel de cinco semestres económicos, podría complicarse más todavía. Y la inversión extranjera no sentirse estimulada a acudir a México, sobre todo las empresas medianas, porque las gigantescas trasnacionales pagan su propia seguridad con mercenarios y cuerpos policiacos extranjeros, como lo hacen los propietarios de México.

VOLUNTAD POLÍTICA FRENTE A LA INSEGURIDAD
Por Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del SNTMMSRM
Informaciones del SNTMMSRM editadas en Rebanadas
El panorama social y político que nos muestra México en este tiempo es sumamente preocupante y debe ser motivo de una profunda reflexión y de acciones inmediatas por parte del gobierno y de la sociedad mexicana. Diversos movimientos se han encadenado y hacen ver la urgencia de proponer estrategias que vayan desactivando cada uno de los conflictos que se muestran, desde la negociación directa -como se ha manifestado en el caso de la inconformidad de los estudiantes del Politécnico- hasta el diálogo, los acuerdos políticos, incluso el castigo con todo el peso de la ley para aquellos -del nivel que sean- que han cometido actos criminales de negligencia e irresponsabilidad.
La peor e indeseable ruta sería la represión absurda, que implicaría retroceder a tiempos ya superados del país, como ocurrió en el 68 y como virtualmente ha sucedido durante lustros en innumerables casos de protesta de sectores populares, como los campesinos, obreros, estudiantes y de las clases medias urbanas y del campo.
La inseguridad que prevalece e incluso se extiende en algunas regiones del país ha deteriorado la imagen de México en el exterior y se ha vuelto un caso de escándalo internacional. La falta de una estrategia clara de prevención y corrección de los hechos violentos, con resultados contundentes que lleguen al castigo de los responsables, ha agravado esta situación. Y es que la mayoría de los casos quedan en la impunidad, y eso no genera la confianza necesaria para creer en el futuro de la democracia ni en el respeto al estado de derecho.
Los gobernantes actuales no deben dejar el esfuerzo por establecer acuerdos negociados con cada sector o ámbito de problemas, si no es que consensuarlos, ya que ello corresponde a una visión democrática de la responsabilidad pública. Pero contra la acumulación de los problemas debe privilegiarse la adopción de arreglos que lleguen al fondo de cada uno de los diferendos, y no solamente salir del paso o jugar al olvido de la sociedad. Esto sería un error imperdonable.
El insoluto y grave conflicto minero, iniciado en 2006 a raíz de la acción amoral de unas cuantas poderosas empresas, con la complicidad activa de los gobernantes del Partido Acción Nacional en los dos sexenios anteriores, pone a prueba la capacidad y la voluntad política del gobierno actual para superar todas las diferencias, resolver este conflicto de una vez por todas y llegar a una paz negociada con la más importante organización política y sindical de los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México. Deben terminar ya la desconfianza y las dudas generadas por los grupos empresariales antisindicales que buscan imponer sus intereses a cualquier costo y, por el contrario, escuchar y atender nuestra propuesta de apoyarse en un sindicalismo moderno y nacionalista del siglo XXI.
El gobierno tiene que convencerse de que la acumulación de conflictos debe ser desmantelada. Está el caso de los electricistas del SME, que en octubre de 2009 fueron atracados en su integridad sindical con la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Está también el de los trabajadores de aviación, tanto pilotos como sobrecargos, a quienes se infligió el duro hecho de la desaparición de Mexicana de Aviación, la empresa que fue líder en el ramo de la aeronavegación, sólo para no afrontar el castigo al empresario Gastón Azcárraga que la hundió en medio de su voracidad y apetito de ganancias.
Hasta ahora han quedado en la total impunidad los empresarios que delinquen o cometen fraudes, como en los casos de Oceanografía o Grupo México, con la terrible contaminación y catástrofe ambiental sin precedente en los ríos, pueblos y personas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Luis Potosí, entre muchos otros. Incluso, con Grupo México aún está pendiente de investigación y castigo el Homicidio Industrial que cometió en la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores. No se digan los casos de Grupo Peñoles, con la inhumana contaminación y envenenamiento con plomo, que también se mantienen en la impunidad, a niños y habitantes de Torreón, Coahuila, y de Fresnillo, Zacatecas. De la misma manera, está el caso del fraude cometido por Alonso Ancira Elizondo de Grupo Acerero del Norte, que se ha mantenido en suspensión de pagos por más de 10 años. Con estos ejemplos, la pregunta es: ¿dónde han quedado la ley, la justicia y la autoridad?
Surgen, desde lustros atrás, igualmente, muchos otros conflictos sociales con campesinos, comuneros, maestros empobrecidos, poblaciones de los entornos de la minería que miran con verdadera inquietud y protesta no sólo las amenazas a su ya de por sí deteriorado estatus, endémico, que los tiene sumidos en hoyos de irresolución y degradación de su tejido social, sino que no haya soluciones de fondo.
No se advierte que las voces de estos sectores tengan respuestas adecuadas de parte de los gobernantes, y específicamente de las autoridades locales, que tienden a minimizar los impactos de estas situaciones, mediante pretextos o exculpaciones a los responsables de algunos problemas, que en un estado de derecho son inadmisibles.
La inseguridad pública derivada de la acción de los criminales efectos de la acción del narcotráfico y el secuestro, por parte de grupos que han surgido ante la debilidad de la política gubernamental y que se han estructurado para delinquir en su beneficio propio, es otro asunto quemante, que no se ha resuelto de fondo. Si Jesús Reyes Heroles advertía hace años que debíamos tener mucho cuidado con el retorno del México bronco, se estaba refiriendo a la violencia de la protesta social, pensando en el estallido revolucionario de 1910, pero este México bronco ha regresado bajo la forma de la violencia del crimen organizado, que ha desolado poblaciones enteras.
La actual explosión de protestas por el caso Ayotzinapa o por el de Tlatlaya, son indicadores de cómo la violencia atrapa desprevenidos a los gobernantes.
Una más vigorosa acción del gobierno debiera estar inscrita en la búsqueda de los soportes que desde los sectores políticos, empresariales y financieros tienen los grupos que delinquen, pero hasta el momento no se advierte que los gobernantes hayan decidido bloquear las fuentes de apoyo económico y de solapamiento que desde diversos ángulos se les ofrecen. Tal es el caso del lavado de dinero, que se desparrama por todo el tejido social, con la mirada impávida de las autoridades hacendarias, a quienes sólo importan hasta hoy los grandes indicadores macroeconómicos que llevan a la idea de una estabilidad que está muy lejos de ser tal.
El Estado debe emprender una verdadera acción de desmantelamiento de los conflictos, que aísle a unos de otros, para bloquear su acumulación lesiva. Si se considera que la lucha contra la inseguridad pública es central, como lo es, los demás problemas deben ser desactivados, uno por uno, sin usar como pretexto un inexistente respeto a las leyes, con lo cual se pondría un hasta aquí a los actos y hechos ilegales, tanto en el campo de la inseguridad como en el de los negocios y la vida económica.
Ante esta grave situación de inseguridad e impunidad, urge un cambio de modelo de desarrollo económico, político y social, con un verdadero compromiso de voluntad política para frenar y corregir el rumbo del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para todos los mexicanos.
Artículo publicado en La Jornada de México


VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: 6 PERSONAS ASESINADAS, 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS Y 20 HERIDOS DURANTE UNA MANIFESTACIÓN
"Más de 100 organizaciones nos hemos unido para pedir a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial."
Oxfam México
El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Han pasado doce días desde aquellos lamentables sucesos, y aún se desconoce el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Mientras tanto, distintas organizaciones de derechos humanos de la región y los testimonios de algunos supervivientes y familiares de las víctimas, han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano, entre ellas: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como canales directos de consulta e información a los familiares sobre la investigación para localizar con vida a los desaparecidos.
Sistemática violación a los derechos humanos
Estos hechos son el episodio más reciente de una sistemática violación a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Tan sólo en los últimos dos años se ha asesinado a 4.397 personas. En diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma escuela fueron acribillados y otros veinte fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de la Policía Ministerial del estado. Así mismo, en mayo de 2013, Arturo Hernández, Ángel Román y Rafael Bandera, integrantes de la organización Unidad Popular, fueron secuestrados y ejecutados; hechos en los que también estuvo involucrado José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala. En este contexto se inscriben también las detenciones de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP).
Sin embargo, esta situación no se limita al estado de Guerrero, pues a nivel nacional ha habido un innegable recrudecimiento de la violencia. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado mexicano las ha mostrado incapaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. Lamentablemente, hasta este momento el país no cuenta a nivel federal ni estatal con una política de seguridad ciudadana integral, al mismo tiempo que se ha agudizado la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La opacidad frente a violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y la falta de acceso a la justicia han caracterizado el contexto de este país, generando un ambiente de impunidad y de desgarramiento del tejido social.
Los 43 desaparecidos deben ser encontrados vivos ya
Los crímenes que se han cometido contra los estudiantes no pueden quedar impunes. Los 43 desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados.
Más de 100 organizaciones se unen para pedir investigaciones
Por todo lo anterior, 103 organizaciones e individuos de la sociedad civil que firmamos este documento exigimos al Gobierno federal y estatal:
1. La presentación inmediata y con vida de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada, lo que demanda la implementación de protocolos eficientes de búsqueda apegados a los más altos estándares internacionales, la acción coordinada e investigaciones rápidas y exhaustivas que involucren a todas las instancias competentes. Al respecto, hacemos una enérgica protesta contra el gobierno federal por su tardía respuesta, pues tuvieron que pasar 8 días para que interviniera.

2. El esclarecimiento e identificación de los más de veinte cuerpos hallados en las fosas clandestinas en Iguala. En este sentido, nos sumamos a la exigencia de los familiares de los desaparecidos a que sean antropólogos forenses independientes quienes determinen la identidad de los cuerpos encontrados. Es indispensable también que los representantes del equipo argentino de antropología forense, que ya están en Iguala, reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados.

3. El enjuiciamiento y el castigo a los autores materiales e intelectuales. No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado, cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de Estado, en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados, por omisión o por aquiescencia.

4. Demandamos que las autoridades estatales y federales traten con todo respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y los mantengan informados, antes que a los medios de comunicación, de cada avance en la búsqueda permanente de sus seres queridos, así como del proceso de identificación de los cuerpos. Ellos, al igual que los integrantes de las organizaciones de apoyo en la región deberán tener garantizada su seguridad en todo momento.

5. Tenemos presente que estos hechos afectan profundamente a las Normales Rurales en su conjunto, reconocemos en ellas y en los maestros que ahí se forman, una esperanza para los pueblos que aspiran a tener acceso a la educación. Por ello manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a este modelo educativo y a los estudiantes que desde ahí se organizan.
Llamamiento a la comunidad internacional
Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta de la actuación de las autoridades federales, estatales y locales en el desarrollo del proceso para que estos hechos tan graves no queden impunes. El 22 de octubre, realizaremos un día de acción global con un acto central en Ciudad de México, una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo. Los desaparecidos nos faltan a todas y todos. Es tiempo de que como sociedad frenemos esta barbarie.
Desde Oxfam sumamos nuestra voz en solidaridad con Ayotzinapa
Desde Oxfam México sumamos nuestra voz en solidaridad con las víctimas y sus familias, compañeras y compañeros de los acontecimientos en Ayotzinapa; exigimos a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial, y expedita para que todos aquellos responsables sean llevados ante la justicia.
Como organización que apoya e impulsa a las personas para hacer valer y ejercer sus derechos, como el derecho a la vida y a la seguridad y el derecho a ser escuchado, nos preocupa el nivel de violencia en un contexto de creciente impunidad y criminalización de la protesta. Sabemos que las organizaciones de sociedad civil en todo el país y, con las que trabajamos en estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, se enfrentan diariamente con los efectos del ciclo de violencia y reconocemos su labor en este difícil contexto. ¡Sin paz no hay desarrollo!
Nos sumamos a la indignación, y exigimos a las autoridades competentes asumir su responsabilidad en el asunto. En tanto no sean identificadas las personas encontradas en las fosas del municipio de Iguala, seguiremos insistiendo que las autoridades presenten a los estudiantes desaparecidos con vida. Es momento de que las autoridades se sumen a un cambio verdadero, que haga de México un país en el cual se respeten los derechos humanos, prevalezca la paz y la justicia.
Toda nuestra solidaridad con los familiares de las personas asesinadas y de las que permanecen desaparecidas.