DECLARACIÓN DEL ELAP Y CARTA ABIERTA A LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO PROGRESISTA –ELAP- 



ELAP RESPALÓ A CORREA, LA IZQUIERDA LO CRITICA 



Nosotros, los partidos, movimientos, frentes y organizaciones políticas que participamos en el Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2014 “Las Revoluciones de la Patria Grande, retos y desafíos”, Reunidos en Quito, República del Ecuador, durante el 29 y 30 de septiembre de 2014, a cuatro años del intento de golpe de Estado en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana,

CONSIDERANDO

1.- Que, los gobiernos populares y de izquierda progresista de América latina han recuperado la soberanía nacional y a sus Estados, para así rescatar a nuestras sociedades de los efectos más perversos y destructivos del neoliberalismo, fuente de grandes desigualdades, exclusiones y privilegios,
2.- Que, tales gobiernos han emprendido una inédita lucha en contra de la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, la exclusión social, étnica y de género, a favor de la redistribución y del reconocimiento para sus pueblos,
3.- Que, estos gobiernos están fortaleciendo el horizonte político de la integración a través de la creación de organismos multilaterales soberanos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y la consolidación del Mercado Común de Sur (Mercosur),
4.- Que, la contribución del Foro de Sara ro Paulo, organización que en el 2015 cumplirá 25 años, ha sido una experiencia exitosa para la conquista de los gobiernos populares y de izquierda progresista,
5.- Que, estos gobiernos han declarado a América Latina, Zona de Paz y a sus territorios libres de bases militares extranjeras, rescatando y fortaleciendo su soberanía y erradicando cualquier tipo de intervención oneocolonialista,
6.- Que, Chile ha retomado su proceso progresista con la Presidenta Michelle Bachelet a la cabeza, recuperando su compromiso con la transformación nacional y regional,
7.- Que, si bien estos gobiernos de izquierda han obtenido grandes conquistas, no han sido inmunes a los intentos de desestabilización permanentes por parte del imperialismo y la derecha, de fuerzas contrarrevolucionarias, de grupos oligárquicos de poder, medios de comunicación, ONG’s, gremios clientelares y de otros actores, que buscan quebrar la tendencia democrática y soberana que ha emergido en América Latina,
8.- Que en varios de nuestros países, la derecha ha combinado la lucha directa confrontacional y violenta con el uso ilimitado del poder económico para el sostenimiento de frentes mediáticos y de acción electoral, buscando refrescar su imagen mediante sofisticadas estrategias de marketing político, tratando de confundir a la ciudadanía a través de un discurso supuestamente apolítico y recurriendo a la desmemoria de los pueblos,
9.- Que, a pesar de los avances de las luchas sociales y populares en todo el globo, persiste la hegemonía planetaria del capitalismo neoliberal que desmantela al Estado como eje de la acción colectiva de los pueblos y como catalizador de sus principales demandas,

RESOLVEMOS

1.- Apoyar y demandar la consolidación de las políticas de cambio en beneficio de nuestros pueblos y renovar la agenda programática de cara al futuro con el fin de terminar con el neocolonialismo, la desestabilización, la primarización de las economías, la dependencia cognitiva y la hegemonía mediática y cultural,

2.- Radicalizar la democracia, ejerciéndola en todas sus formas, y escuchar, dialogar y ampliar los procesos de participación y deliberación en el seno de nuestros partidos y movimientos,

3.- Promover espacios activos para el encuentro de las juventudes de nuestros movimientos y partidos, su formación política, y comprometernos para que los jóvenes sean los pilares de nuestros procesos de cambio,

4.- Profundizar la participación de las mujeres en los movimientos y partidos y despatriarcalizar nuestras sociedades y las formas de hacer política,

5.- Generar articulación a nivel continental de las autoridades electas a nivel de los gobiernos locales y descentralizados de nuestros partidos y movimientos,

6.- Construir una agenda propositiva y renovada de izquierda progresista que fortalezca la Celac, la Unasur, el ALBA y el Mercosur en beneficio de nuestros pueblos; y construir una nueva articulación de los partidos y movimientos políticos de izquierda que sea propositivo y acorde a los nuevos tiempos y las necesidades de consolidación de las propuestas posneoliberales y poscapitalistas; forjar y consolidar las estructuras político-participativas regionales con iniciativa política, más allá del actuar de los gobiernos,

7.- Alertar del peligro inminente que supone una contraofensiva de derecha o restauración conservadora para los cambios emprendidos durante estos últimos años en la región e identificar los proyectos regionales que amenazan la integración y la unidad latinoamericana. Asimismo, rechazamos enérgicamente la injerencia permanente de la derecha internacional y nacional contra la Revolución Bolivariana en Venezuela con el fin de poner en riesgo la decisión soberana y democrática de su pueblo,

8.- Denunciar la falta de judicialización de los responsables de golpes de Estado en nuestros países y rechazar la existencia y operación de Escuadrones de la Muerte y bandas paramilitares que generan desestabilización política en algunos de nuestros países,

9.- Denunciar y exponer la hegemonía mediática y cultural de empresas transnacionales de la comunicación e información, así como de organismos gremiales regionales sometidos a sus intereses, y democratizar la comunicación, alentando la proporcionalidad equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios,
10.- Fortalecer la lucha en contra de los abusos del gran capital, la banca y las transnacionales, en vista de que vulneran la soberanía de nuestros territorios y los derechos de nuestros ciudadanos,

11.- Rechazar toda forma de agresión imperialista (militar, política, económica, cultural, etc.) en cualquier parte del mundo, a la vez, reivindicar la autodeterminación de los pueblos,

12.- Denunciar las prácticas depredadoras y de intimidación de los Fondos Buitres contra el hermano pueblo argentino, y rechazar las maniobras del capital financiero especulativo.

13.- Denunciar las prácticas de ciberespionaje a las que varios países de la región se han visto sometidos y buscar una respuesta conjunta frente a esta amenaza,
14.- Promover la creación de instancias de arbitraje regional coherente con el proceso de integración que vive la región Latinoamericana y del Caribe, a fin de no ser víctimas de arbitrajes parcializados en los Tratados Bilaterales de Inversión y en los Tratados de Libre Comercio,

15.- Consolidar e impulsar la creación de los organismos financieros multilaterales latinoamericanos para fortalecer los procesos de emancipación económica de nuestros países,

16.- Denunciar las prácticas de biopiratería que vulneran la soberanía de las naciones latinoamericanas y los saberes de sus pueblos ancestrales y promover en las agendas de los mecanismos de integración regional la necesidad de una estrategia común que proteja la propiedad de nuestros países sobre nuestros recursos biológicos y genéticos,

17.- Defender el cuidado de la naturaleza y el aprovechamiento sostenible y sustentable de nuestros recursos naturales, reduciendo al máximo su impacto socioambiental,

18.- Promover la ratificación del Protocolo de Kyoto y el compromiso a reducir de forma decisiva sus emisiones de gases de efecto invernadero,

19.- Denunciar el colonialismo sobre las Islas Malvinas, un anacronismo histórico que los pueblos de América Latina ya no vamos a tolerar. ¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!

20.- Denunciar el injusto y criminal bloqueo a Cuba, y exigir el cumplimiento y el respeto de la voluntad de la comunidad internacional, que en 21 ocasiones sucesivas a lo largo de un igual número de años, ha votado en la Asamblea General de la ONU por poner fin a esta intimidación imperial en contra de una nación y un pueblo soberano,

21.- Denunciar la mano sucia de la transnacional Chevron, que en lugar de enfrentar las consecuencias de la contaminación causada en la Amazonía ecuatoriana, despliega una estrategia multimillonaria para desacreditar al país y no enfrentar sus responsabilidades con el medioambiente, las comunidades afectadas y la justicia ecuatoriana,

22.- Apoyar decididamente la paz en Colombia a través de los procesos de diálogo con los movimientos y nuestros pueblos, construyendo la solución política a un conflicto social que sigue siendo una herida abierta en Nuestra América,

23.- Rechazar la continuación del régimen colonialista sobre Puerto Rico y reiterar su carácter de nación latinoamericana y caribeña, tal como hace años lo reconoce el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Celac,

24.- Constatar, luego de la rica experiencia de reflexión e intercambio en el “Encuentro Latinoamericano Progresista” ELAP en Quito, la necesidad de crear espacios de reflexión similares sobre las experiencias de los gobiernos de izquierda y progresistas de nuestra región, y convocar para el próximo año al segunto Encuentro,

En el marco de lo resuelto, convocamos a todas las fuerzas de izquierda progresista de la región y del mundo a sostener, promover e impulsar esta Declaración en todo lo que demande; a denunciar decididamente cualquier intento de desestabilización y de violación a nuestra soberanía y caminar con fuerza hacia nuestra Segunda Emancipación.

Quito, 30 de septiembre de 2014




CARTA ABIERTA A LAS ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO PROGRESISTA



Compañeras y compañeros que participan en el ELAP.

Tras más de un cuarto de siglo de haber vivido la salvaje implantación del modelo neoliberal en la región, el pueblo del Ecuador vio con esperanza el nacimiento de un proyecto político que, apoyado de manera entusiasta por las organizaciones sociales, prometía traer una transformación radical de las estructuras de desigualdad y exclusión heredadas de décadas pasadas. En 2007, el economista Rafael Correa Delgado se posesionó como Presidente de la República con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, bajo la promesa de atender a las demandas históricas de los sectores marginados de nuestro país.

La autodenominada Revolución Ciudadana tenía la responsabilidad histórica de llevar a cabo reformas profundas y democratizar la sociedad, fruto de décadas de lucha de las organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores, estudiantiles y de los pueblos y nacionalidades, organizaciones de mujeres y feministas, ecologistas populares, colectivos LGBTI, entre otros.

Tras la convocatoria a Asamblea Constituyente, apoyada por todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda del Ecuador, se aprobó mayoritariamente una nueva Constitución que ponía fin al modelo neoliberal impuesto por gobiernos subordinados a los intereses del capital internacional, y que consagraba por primera vez en la historia de nuestro país principios tan importantes como la plurinacionalidad, la aplicación directa de las normas constitucionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, el derecho universal a la educación y la seguridad social, el agua como un derecho humano, su desprivatización y redistribución, la prohibición del acaparamiento de la tierra en pocas manos, la inclusión de las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, la equidad de género, los derechos de la naturaleza, el destierro de prácticas de precarización del trabajo como la tercerización, y declarando al Ecuador país libre de cultivos transgénicos y defensor de la soberanía alimentaria.

A pesar de los innegables avances, ya desde los primeros años de gobierno las organizaciones de indígenas y campesinos; de maestros y estudiantes, de mujeres, ecologistas y otros sectores organizados de la sociedad civil, plantearon sus cuestionamientos al contenido de no pocas normativas secundarias y a la aplicación de políticas públicas que iban siendo impuestas por parte del gobierno, contradiciendo la nueva Constitución, vulnerando así derechos conquistados e impidiendo la consolidación de un verdadero proceso de cambio en el país. De manera democrática y en un país con tradición de movilizaciones populares, los distintos sectores sociales comenzaron a expresar su desacuerdo con el régimen con el fin de que se profundice lo alcanzado en la Constitución de Montecristi.

Lamentablemente, la tónica de la respuesta del gobierno en vez de generar procesos de mayor participación, ha sido una de creciente prepotencia, incremento asombroso de la represión y autoritarismo. El saldo de estas movilizaciones fue la judicialización de dirigentes sociales y populares y el inicio de la criminalización de la protesta social por el actual gobierno.

El alejamiento paulatino de la base social sobre la que se construyó el proyecto político de Alianza País, se agravó con la convocatoria a Consulta Popular en la que, al mejor estilo de los gobiernos de los que Rafael Correa decía distanciarse en sus prácticas, se “metió mano” en la Justicia. La Constitución que, a decir del régimen, era un “canto a la vida”, sufría su primera reforma destructora a los tres años de haber entrado en vigencia, para constituir una Corte de Justicia funcional al régimen.

En los siguientes años, el gobierno emprendió una serie de cambios a la legislación para fortalecer un modelo económico extractivista, y concomitantemente, poner un freno a todos los sectores que podían ser una piedra de tropiezo para esta modalidad de acumulación primario exportadora, de origen colonial.

No existe evidencia de que el economista Rafael Correa pretenda transformar las estructuras de poder. En los siete años de su gobierno no se ha hecho nada para acabar con los grupos oligárquicos que concentran la riqueza en el Ecuador. Por el contrario, han sido esos sectores más favorecidos quienes se han beneficiado de un modelo económico que representa un claro ejemplo del reacomodo global del capitalismo. Al mismo tiempo, y a través de leyes y decretos inconstitucionales, se ha tratado de acabar con décadas de lucha social en el Ecuador. Para citar algunos ejemplos:

a) El Código Orgánico Integral Penal criminaliza tanto a la mujer que aborta como a los médicos que la asisten. También se criminaliza a quienes ejercen su legítimo derecho a la resistencia (garantizado por la Constitución). Esto se evidencia con la gran cantidad de dirigentes sociales que son perseguidos y condenados por alzar su voz en contra del gobierno. El caso más reciente, el de los estudiantes secundarios detenidos injustamente luego de haber sido brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales. Las familias de los detenidos denuncian que la policía nacional cometió actos de tortura contra los jóvenes.

b) De igual manera, la persecución a las organizaciones políticas de oposición se ha tornado cada vez mayor. Un partido y un movimiento democráticos y de izquierda han sido eliminados del registro electoral, de manera absolutamente ilegal.

c) El Código del Trabajo, que se encuentra a punto de entrar en vigencia, pone fin a muchas conquistas históricas de la clase obrera y favorece a los empresarios al flexibilizar las relaciones laborales pese a haberse eliminado muchas formas de precarización del trabajo en la Asamblea Constituyente.

Asimismo, restringe el derecho legítimo a la huelga; debilita a la organización sindical; entre otros atropellos.

d) El Decreto 813 elimina la estabilidad laboral en el sector público, estableciendo de manera inconstitucional la “renuncia obligatoria” y que es usada como un medio de intimidación a las servidoras y los servidores públicos.

e) El Decreto 016, a través del cual se controla a todas las organizaciones de la sociedad civil y que ha provocado la disolución o la salida del país de algunas ONG’s y fundaciones que no son afines a los intereses gubernamentales.

f) El acuerdo comercial con la Unión Europea, que es un Tratado de Libre Comercio, y que afectará profundamente a pequeños productores especialmente en el sector agrícola.

g) La reforma educativa regida por la meritocracia, que viola todo derecho universal a la educación y que ha implicado que 600 mil jóvenes en los últimos tres años queden por fuera del sistema educativo superior.

h) La elaboración de una Ley de Tierras Rurales Productivas. El gobierno que se precia de defender a campesinos y pueblos originarios consolida el modelo de tenencia de la tierra en el país,, reforzando la propiedad privada y la acumulación capitalista a través de la agroindustria en detrimento de la economía familiar campesina, la soberanía alimentaria y la agroecología. .

Lo mismo se puede decir del manejo de los recursos hídricos. El agua, derecho humano establecido en nuestra Constitución, sigue concentrado en pocas manos. La retórica de “el ser humano por encima del capital” no ha pasado de ser un cliché repetido hasta la saciedad sin que hasta hoy se haya vuelto una realidad palpable.

i) El proyecto de explotación del Yasuní, una de las mayores reservas ecológicas del mundo y posiblemente la zona con mayor biodiversidad en el planeta, amenaza no solo a las especies animales y vegetales sino que ponen en riesgo de desaparición a los pueblos en aislamiento voluntario. El gobierno, que no estuvo a la altura de esta propuesta revolucionaria, ha preferido explotar al Yasuni y poner en riesgo la vida pueblos aislados que habitan en estos territorios para solucionar sus problemas de iliquidez antes que afectar la estructura de riqueza de grupos económicos. El extractivismo del gobierno de Correa no solo no paró en facilitar el saqueo el petróleo del Yasuní, sino que abrió las puertas al saqueo de los minerales metálicos a gran escala por primera vez en la historia del país, debilitando leyes y reglamentos fiscales y ambientales para no estorbar a la inversión transnacional minera.

j) Si bien es cierto que los medios de comunicación privados han servido tradicionalmente a los intereses de grupos económicos, la intención del gobierno es silenciar a las pocas voces que denuncian las irregularidades en la administración del gobierno. Para ello se creó una Ley de Comunicación que limita la capacidad pública para circular libremente información, opinión y crítica.

Frente a las críticas, cuestionamientos y movilizaciones que las organizaciones sociales han organizado en estos años, la respuesta del actual gobierno ha sido siempre la deslegitimación de esas voces, propuestas y acciones.

Permanentemente se nos ha acusado de estar conspirando contra el régimen y cada movilización constituye para el actual gobierno una amenaza contra la democracia y un intento de golpe de Estado, denominado por el presidente Correa como “Restauración Conservadora”, cuando en realidad dicha restauración conservadora la impulsa el propio Correa.

La verdadera Restauración Conservadora es aquella que prioriza la firma de Tratados de Libre Comercio que afectarán a los campesinos, la que utiliza los aparatos represivos del Estado para acallar la justa protesta de las organizaciones populares, tal como hacían los gobiernos neoliberales. La verdadera Restauración Conservadora está en cada retroceso que acomete el gobierno de Rafael Correa contra las conquistas históricas producto de las luchas del pueblo ecuatoriano.

Por tanto, nosotros y nosotras, hombres y mujeres, trabajadores, indígenas y campesinos, maestros y estudiantes, intelectuales y activistas, militantes de luchas y sueños como lo son también ustedes, denunciamos tanto los graves retrocesos como el acuciante momento represivo que se vive en el Ecuador.

Como organizaciones de izquierda demandamos de ustedes su solidaridad y exigimos no se presten a lavar la imagen de un gobierno que hacia fuera mantiene un discurso de izquierda, pero que hacia dentro actúa igual que los gobiernos de la derecha.

“La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino del efecto vigorizante de los disidentes.”

Quito, septiembre 29 de 2014
Firman decenas de personalidades políticas, intelectuales, profesionales y dirigente sindicales, sociales del Ecuador y del extranjero