LEY DE TIERRAS RURALES Y PRODUCTIVAS: MÁS AGRONEGOCIO, MENOS SOBERANÍA ALIMENTARIA 



LA FUNCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 



Esteban Daza
Luis Andrango
OPCIÓN SOCIALISTA

Históricamente, ha existido una presión comercial sobre los recursos aturales;
uno de esos es la tierra. El agronegocio de los alimentos, la forestación para la producción de madera, celulosa y derivados que apuntalan la industria del papel, la inversión dirigida a la extracción de minerales e hidrocarburos y, el negocio de los agrocombustibles (Coalition, 2011) son presentados como avances de progreso o el milagro “rentista” ecuatoriano.

El conflicto por la tierra ha enfrentado a sectores campesinos, frente a los propietarios de herencia colonial y republicana que concentran grandes extensiones de suelo productivo. Las disputas centrales por el régimen de propiedad y las formas de uso del suelo desarrollan puntos conflictivos sobre los mecanismos de acceso a la tierra, el latifundio y el minifundio, la función social y ambiental de la tierra, el papel del Estado, el carácter del campesino en torno al mercado, entre otras.

Creemos que las dinámicas históricas de la relación capital, tierra y trabajo en el campo han encontrado, en el régimen actual, un gobierno que codifica las prácticas de Acumulación del capital en el Estado, cuyas expresiones concretas las vemos en la reforma institucional y legal del Estado, las estrategias nacionales de erradicación de la pobreza, el cambio de matriz productiva y energética, el buen vivir rural, que, entre otros, conforman un dispositivo de control sobre los recursos naturales (la tierra) y formas de poder como el disciplinamiento, el control y, gobierno de las poblaciones en el campo.

Así lo expresaría el “nuevo” proyecto de “Ley orgánica de tierras rurales productivas” preparado por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE “LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y PRODUCTIVAS”

CONTEXTO

Con la aprobación de la Constitución en 2008 y la Ley de Soberanía Alimentaria 2009, las organizaciones indígenas y campesinas avizoraron un marco jurídico a favor de un proceso de redistribución y acceso a la tierra. Se presentaron 8 proyectos de Ley de Tierras y Territorios y un mandato comunitario que se disputaban el sentido de la ley. Hay que destacar el proyecto presentado por la Red Agraria (FENOCIN, CNC ELOY ALFARO y
CORMOLIT), que fue acompañado por una amplia movilización social y 46.860 firmas de respaldo.

A partir del año 2013, se posesionan los discursos de la productividad y la lucha contra la pobreza, como premisas que instalan un nuevo escenario para la discusión normativa en materia agropecuaria, pues estos emprenden otra agenda para las políticas públicas, definiciones de “nuevos” problemas, y la construcción de un sujeto campesino con características ciudadanas. En este periodo, que continúa en la actualidad, el único proyecto que se debate es el de la Asamblea Nacional, denominado “Ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas”. Así, nos
encontramos en un contexto en que la productividad, la lucha contra la pobreza, la judicialización de la protesta social, entre otros, se condensan en la planificación nacional. La propuesta de ahorro por sustitución de importaciones (MAGAP 2013), el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el Código Integral Penal componen el proyecto de Ley de Tierras propuesta del Estado.

PUNTOS CONFLICTIVOS
EL NOMBRE DE LA LEY O SU NOMINACIÓN

En primer lugar, el cambio de nombre a ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas elimina de su ámbito de aplicación todo lo que corresponde a los territorios, pretendiendo así separar de la discusión de la ley el tema de la consulta prelegislativa.

En segundo lugar, la Comisión ha definido unilateralmente los significados e importancia de la tierra. Desplaza la importancia cultural de la tierra para los pueblos, el debate sobre sus múltiples funciones en la construcción de la economía y, tal como lo hace la economía neoliberal, restringe su comprensión a un problema de eficiencia y productividad en función del mercado.

De acuerdo con lo anterior, creemos que la incorporación del concepto de territorios en el debate de la ley permite cumplir con las disposiciones constitucionales de implementar un régimen de Soberanía Alimentaria, en el cual se especifiquen los parámetros para definir el latifundio, la función social y ambiental, además de generar mecanismos claros para la expropiación y adjudicación de tierras.

FINES Y PRINCIPIOS

La transformación de la estructura agraria estará entendida como incremento de la productividad, generación de empleo y democratización del ingreso, y no como redistribución de la tierra. El principio de Sustentabilidad, por su lado, es comprendido como el aprovechamiento eficiente del suelo y no como relación armónica entre el hombre y la naturaleza. En el artículo 5, sobre los
fines, la propuesta menciona que el Estado tiene como fin garantizar la propiedad privada sobre la tierra, lo que permitiría cerrar el círculo de alcanzar la productividad en el campo. Finalmente, el artículo 6, sobre los lineamientos de la política agraria, promueve al Estado como el actor estratégico para brindar apoyo al desarrollo del sector agropecuario y garantizar el cumplimiento de la función social y ambiental.

FUNCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA TIERRA

Otro de los elementos a considerar es que la estrategia de cambio de la matriz productiva sirve de marco referencial para definir la función social y ambiental de la tierra. Con la misma lógica de la definición de la ley, sus fines principios, la función social se cumple cuando se explote eficientemente la tierra, cuando tenga niveles aceptables de productividad, cuando se respeten los derechos laborales y, cuando no exceda la tenencia de los límites permitidos (Art 8.).

Por lo tanto, la función social recae en dos elementos, primero, el de política social entendido a partir de la redistribución del ingreso y segundo, como política de fomento productivo. Es así que esta nueva ley se articula perfectamente a la propuesta de Sustitución Selectiva de Importaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de agosto de 2013, que establece como estrategia grandes extensiones de tierra para cultivos no tradicionales y agrocombustibles.

Para cumplir la función ambiental se debe cuidar de la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético cuando se exploten los suelos, pero deja en la ambigüedad el ingreso de semillas transgénicas, pues este elemento en la propuesta se encuentra en paréntesis. En este sentido, la función ambiental descansa sobre la explotación eficiente del recurso tierra como discurso de sustentabilidad, y además se articula a la función social de la tierra como el discurso de la productividad responsable en el campo.

EL LATIFUNDIO, EXPROPIACIÓN, ADJUDICACIÓN, Y SUJETO AGRARIO EN LA LEY

Otro de los puntos que impulsan la concentración de la tierra como modelo de desarrollo, expresado en la propuesta de ley, es el latifundio, pues este no estará definido por el acaparamiento de la tierra –únicamente– sino estará determinado por la productividad. Es así que se entiende que latifundio son los terrenos en manos de una sola persona que supere los límites permitidos por la ley pero siempre y cuando sean improductivos.

La expropiación aparece como una opción contemplativa ante el acaparamiento de la tierra en pocas manos ya que si no se cumple con los niveles de productividad necesarios, la sanciones son de carácter correctivo, pues el propietario tendrá opción para poner a producir su tierra durante tres años, luego de la notificación, a y pagar multas de hasta el 20% del avalúo comercial.

En este panorama favorable para el acaparamiento, es factible el establecimiento de un Régimen de Agricultura Bajo Contrato (Título III de LOTRP), el cual aparece como la opción más conveniente para la especulación del precio de la tierra, evita la figura del latifundio y atenta contra la autonomía de los sectores campesinos al perder el uso de sus predios.

La adjudicación se presenta como el régimen de distribución democrático de la tierra por parte del Estado; esta es una distribución vía mercado, pues los beneficiarios de los programas de entrega de tierras deberán cancelar un valor económico fijado por la Autoridad Agraria. Esto se contrapone claramente al punto nueve del Mandato Comunitario para una Ley de Tierras, que exige el acceso gratuito a la tierra.

Para finalizar, nos interrogamos acerca del sujeto agrario que necesita este proyecto de ley para la modernización del campo en el Ecuador y nos encontramos que se proponen dos características. Primero, la Asociatividad productiva, los productores deben estar asociados y organizados en función de
la productividad de las parcelas agrarias. Estos productores asociados estarán apoyados por el Estado en el marco de los derechos, serán el “nuevo ciudadano rural” con capacidades para competir en mejores condiciones en el mercado. La segunda característica es que se constituyan también como organizaciones representativas establecidas dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, la ley reconoce solo a organizaciones de derecho; desconoce la representación política histórica del movimiento social y campesino que lucha por la tierra.

CONCLUSIÓN

Lo que se puede deducir, de todo lo antes brevemente expuesto, es que no hay una política estatal para impulsar la redistribución de la tierra, tampoco existe una reforma agraria y peor una revolución agraria; lo que vemos es una consagración de los viejos intereses capitalistas en el campo y un virar las espaldas a la causa profunda que explica la pobreza rural y urbano marginal.