DEL RECURSO DE CASACION 



LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR MANDATO DEBE SER INDEPENDIENTE  



José Luis Luna Gaibor
Jurisconsulto Constitucionalista
La administración de justicia que en el Ecuador está confiada y ejercida por el Poder Judicial, que, según mandato constitucional, legal y doctrinario tiene independencia y autonomía, y es la encargada de resolver los conflictos y controversias que se suscitan entre particulares y entre el Estado y los particulares, así como de ejercer la vindicta pública sobre la comisión de delitos de instancia oficial y aquellos cuya sanción son impulsados de manera particular, que son los de acción privada.
Hasta el año de 1992, tales causas se ventilaban en tres instancias, siendo la Corte Suprema de Justicia la que dictaba sentencias de última instancia que ponían fin as tales conflictos, de tal suerte que la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, debía analizar y resolver sobre el contenido íntegro del juicio, incluyendo la valoración de las pruebas.
Las reformas a la Constitución Política del Estado dictadas por la Cámara de Representantes y publicadas en el Registro Oficial No. 93 de 23 de diciembre de 1992 cambiaron la tradicional concepción y práctica de la Corte Suprema de Justicia, de ser un Tribunal de Apelación en Tercera y última instancia, para convertirse en Tribunal de Casación.
La principal diferencia entre ser un tribunal de tercera instancia y ser un tribunal de casación radica en que él solamente es competente para conocer y resolver las impugnaciones que quien interpone el recurso de casación hace sobre la sentencia dictada por el Tribunal Superior, que para el caso ecuatoriano, son las actuales Cortes Provinciales de Justicia. De tal suerte que la casación, en realidad es una demanda en contra de la sentencia dictada en última instancia (Corte Provincial), la misma que causa ejecutoria y pone fin al conflicto judicial.
En efecto, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución del fallo dictado por la Corte Provincial, tan es así que para que el fallo impugnado no se ejecute, es menester que el impugnante consigne una fianza, al tenor de lo que dispone el Art. 11 de la Ley de Casación. “CAUCIÓN- Salvo las excepciones constantes en el artículo anterior, quien haya interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda causar a la contraparte”.
De lo dicho se puede colegir que siendo la casación una verdadera demanda en contra del fallo que ha de ejecutarse, ésta que es una acción en contra de la autoridad de la cosa juzgada, debe enmarcarse en principios, mecanismos y formalidades estrictas que tornan al recurso en formal y de extraordinaria técnica jurídica en virtud del cual el casacionista limita la acción proceder de la Corte Nacional de Justicia. Más aún si consideramos que la casación no tiene por objeto el de enmendar el perjuicio inferido al particular o remediar el interés privado, sino que por el contrario, el principal objetivo de la casación es el de enmendar los errores de derecho cometidos en la sentencia impugnada, a fin de garantizar la correcta aplicación de las normas sustantivas y materiales, garantizando por otra parte que las sentencias no sean pronunciadas sobre causas en que han existido violaciones procesales que acarreen la nulidad de ellas, sin dejar de observar de manera fundamental que se ha de respetar y conservar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, como lo dispone el Art. 185 de la vigente Constitución del Ecuador que dispone: “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto {…} esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria”
Como se deja dicho, el recurso de casación busca el imperio de las disposiciones constitucionales y legales y que han sido infringidas por el Tribunal inferior, por lo que quien interpone este recurso extraordinario ha de confrontar de forma directa y contundente entre lo dicho por el fallo impugnado y lo determinado por la norma constitucional y legal, precisamente para dejar en evidencia las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por el Tribunal impugnado. De ello podemos concluir que es el accionante quien determina el marco en el que se ha de desenvolver la Corte Nacional de Justicia, ya que si aquel no ha mencionado una disposición constitucional o legal que efectivamente no ha sido observada por el Tribunal impugnado, la Corte Nacional no está obligada, y más aún, le está vedado referirse a aquello.
Esta restricción de la Corte Nacional es obvia si analizamos que el recurso de casación es de orden público ya que, como se dijo, ataca el principio de la cosa juzgada, por lo que su aplicación y observación es exacta y restrictiva, -precisamente por ser de orden público- de la misma forma como sucede con todo aquello que tiene que ver con el Derecho Administrativo, en el que a la autoridad le está prohibida la interpretación de la norma, y debe aplicarla en la forma como consta escrita.
Siendo como se detalla, un recurso formalista y restrictivo, corresponde a quien lo interpone a precisar con toda claridad todos y cada uno de los fundamentos fácticos y de derecho que lleven a concluir a la Corte Nacional que el inferior ha cometido un error que puede ser in procedendo o in iudicando.
Es decir que la Corte Nacional ya no examinará la totalidad del proceso, sino estrictamente sobre aquello que ha sido motivo y fundamento del recurso (el ataque a la sentencia dictada por la Corte Provincial), de manera contraria a lo que hizo la Corte Provincial, la que no solamente examina la sentencia dictada por el juez de primera instancia, sino toda la controversia incluyendo la prueba y la valoración que a ella se ha de dar.
Partiendo de los presupuestos que se han dejado señalados, el recurso de casación ha de cumplir de manera estricta con lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley de Casación, es decir: a) Indicación de la sentencia o auto recurrido con individualización del proceso en que se dictó y las partes procesales; b) Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se haya omitido; c) La determinación de las causales en que se funda; y d) Los fundamentos en que se apoya el recurso.
Una vez que se ha precisado los requisitos formales para la formulación del recurso, merece especial atención la determinación de las causales que acreditan la presentación del recurso de casación, mismas que se encuentran determinadas en el Art. 3 de la Ley de Casación, y que son:
1. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;
2. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente;
3. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;
4. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la Litis; y,
5. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”
Ahora bien, si las causales transcritas son las que se encuentran singularizadas en la Ley, es preciso analizarlas ya que de su simple lectura, al señalar, por ejemplo la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, en realidad estamos interponiendo un recurso que se torna en imposible de ser aplicado, ya que la causal primera es en sí es una sola, pero tiene tres circunstancias o hechos posibles, En efecto, la causal dice: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Sin embargo, adviértase que no puede adolecer una sentencia, a la vez de aplicación indebida y falta de aplicación de las normas de derecho y de los precedentes jurisprudenciales obligatorios y que hayan sido determinantes en el fallo. Pues o hay falta de aplicación o hay aplicación indebida, ya que aquello es contradictorio, por lo que esas dos situaciones son excluyentes entre si. Ya que en la sentencia no se aplicó normas de derecho, pero a la vez no pudo no haberse aplicado y al mismo tiempo haberse aplicado indebidamente.
Lo mismo sucede con respecto a la errónea interpretación de las normas de derecho, porque o se interpretaron indebidamente las normas de derecho, o no se aplicó, en la sentencia recurrida, la interpretación de las normas de derecho.
De lo dicho e infiere que al momento de interponer el recurso de casación de una sentencia, no basta con señalar el numeral de la causal en que se sustenta el recurso, sino que hay que precisar con absoluta claridad, que causal del número invocado y singularizado en el Art. 3 de la Ley de Casación es en el que se sustenta el recurso que se interpone.